En el marco del IX Congreso Nacional Extraordinario de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina, se ratifican resoluciones anteriores, y se afirman los objetivos de la reestructuración alternativa del sector energético argentino.

Los congresales reunidos en reiteramos resoluciones anteriores, donde afirmamos que la reestructuración alternativa del sector energético argentino, debe contener los objetivos siguientes, y ratificamos:

1. Nacionalizar las fuentes energéticas sobre la base que su dirección y control deben estar en manos del pueblo, lo que significa establecer el control social del sector. La renta petrolera (representa 38.000 U$S/minuto) debe estar en manos de un Estado reformulado que represente los intereses del pueblo.

2. Proceder a la reversión de todas las privatizaciones realizadas, especialmente las que hayan sido ejecutadas mediante decretos inconstitucionales y/o leyes especiales sancionadas con manipulación de los quórum; tendiendo a la recuperación por parte del Estado de dichas empresas.

3. También nos oponemos a los proyectos de privatización de las empresas del área de energía en algunas provincias que quieren repetir la fracasada política energética nacional. Además rechazamos las nuevas concesiones petroleras, ahora impulsadas por los gobiernos provinciales y los acuerdos no debatidos que concesionan áreas marítimas, impulsados por el Estado Nacional, con multinacionales del sector, mientras se mantienen vigentes los decretos de libre disponibilidad de los crudos, libre fijación de precios internos y libre disponibilidad de las divisas generadas por la exportación de hidrocarburos. En este sentido rechazamos las renovaciones de las concesiones de Cerro Dragón y Loma de la Lata y toda renovación que tenga características similares.

4. Anular la 'libre disponibilidad de crudos y gas' impuesta por decretos por exigencias de los monopolios y oligopolios petroleros que operan en el país. Intervenir las empresas privatizadas energéticas para que la voluntad popular libremente manifestada establezca su condición futura. Detener las exportaciones de petróleo crudo y gas, excepto aquellas que no ponen en crisis las reservas nacionales y la demanda interna a largo plazo, y siempre que se realicen con acuerdos previos de integración auténtica con países hermanos limítrofes. Anular el insólito beneficio otorgado en la década de los años noventa por el cual las compañías que exportan nuestro petróleo y gas natural dejan en los mercados financieros internacionales el 70 por ciento de las divisas de sus exportaciones. No existen retenciones en las exportaciones de productos derivados del petróleo, pese a que esto es mucho más importante que las retenciones que se quieren aplicar a los pequeños y medianos productores del campo.

5. Prohibir la remisión de las ganancias de las empresas energéticas al exterior estableciendo cuotas obligatorias de inversión para mantener los niveles de reservas. La decisión sobre las reservas, los volúmenes de producción y niveles de generación, como la formación de precios de comercialización corresponden al Estado nacional.

6. Restablecer una política de exploración y explotación petrolera, asumiendo el Estado Nacional una acción directa, que rescate el acervo tecnológico nacional que lograra Yacimientos Petrolíferos Fiscales y Gas del Estado, organizando a trabajadores y técnicos en una empresa federal moderna y controlada socialmente. Rechazamos la manera en que se implementa el funcionamiento de ENARSA, ya que no se constituye en una herramienta que defienda los recursos energéticos de la Nación, sino que es la continuación de la entrega del patrimonio de los argentinos.

7. La Nación Argentina debe declarar que los bienes energéticos son estratégicos y esenciales, y que las actividades petroleras, gasíferas y de la energía eléctrica son servicios públicos. La Ley de Hidrocarburos N° 17.319, en lugar de las modificaciones propuestas por empresas privadas y algunos funcionarios provinciales para blanquear de los Decretos 1055, 1212 y 1589 del año 1989 y por los cuales se definió al petróleo y al gas natural como simples mercancías, debe ser reemplazada por una nueva Ley que restablezca su carácter de bienes sociales y estratégicos para la Nación, anulando la libre disponibilidad de los hidrocarburos.

8. Detener toda venta de empresas petroleras y de acciones de empresas públicas que aún queden en propiedad pública con la intención de recuperar los recursos petroleros para la Nación. Se debe mantener, como hasta ahora, la defensa de las centrales hidroeléctricas binacionales Yacyretá y Salto Grande, como las centrales nucleares Atucha I y Embalse. En Salto Grande deberá asegurarse la propiedad y gestión de carácter binacional, más allá de la participación provincial en la renta. Se debe restaurar la CNEA en su antiguo nivel de excelencia en ciencias básicas y aplicadas, en una entidad única e indivisible, y garantizar la finalización de Atucha II. En función del bajo costo y de la gran reserva de agua turbinable disponible en el país, se debe promover el estudio y la construcción de centrales hidroeléctricas, apoyados en estudios que minimicen los impactos ecológicos. Respecto a la energía nuclear, se debe dar impulso a su desarrollo y crecimiento, y enfatizar que el tratamiento y la disposición final de los desechos radiactivos se efectúe de acuerdo a los máximos estándares de seguridad establecidos. De esta forma se estarán preservando el medio ambiente y los derechos de las nuevas generaciones. Repudiamos todo intento de engañar al pueblo con el falaz argumento de la compra de acciones petroleras por un grupo denominado falsamente nacional, aseverando que de esta manera el petróleo se nacionaliza cuando en realidad se continúa extranjerizando.

9. Terminar con la dilapidación del gas natural a través de las exportaciones al exterior sin planificación alguna, al mismo tiempo que la falta de gas y electricidad, mantienen una permanente crisis de oferta energética. Esta falta de planificación y de ineficiencia también se manifiesta cuando se permite que se genere electricidad en base de turbinas de ciclo combinado, relegando el potencial de recursos renovables que tiene nuestro país. Debe establecerse una regulación de estos proyectos por el Estado y autorizar solo aquellos realmente justificados. Se debe crear un ente federal planificador e integrador de la energía nacional con participación activa de los sectores involucrados.

10. Establecer una recomposición salarial para las trabajadoras y los trabajadores activos y pasivos (implementación inmediata del 82% móvil), que les permita acceder a una canasta alimentaria y de bienes y servicios dignos y adecuados para la época actual. Reafirmar los convenios colectivos de trabajo aprobados democráticamente en asamblea por los trabajadores, en cada rama de la energía, para su aplicación efectiva en defensa de los derechos adquiridos por los trabajadores. En ese contexto rechazar la mano de obra contratista, que busca confirmar estructuras paralelas de servicios donde la variable es el trabajador contratado con sueldos depreciados y bajo regímenes de otra actividad ajena al servicio. Oponerse a la tercerización de la mano de obra calificada, formada, técnica y profesionalmente en el ejercicio de la función, para evitar la precarización de los servicios. Exigimos la derogación del mínimo no imponible en los salarios de los trabajadores en relación de dependencia y el correcto encuadramiento convencional de todos los trabajadores

11. Desarrollar una política de aprovechamiento de los recursos carboníferos en función de las nuevas tecnologías. El Estado debe modernizar y repotenciar el sector y la empresa mineras, garantizando la producción carbonífera a fin de lograr el equilibrio armónico con las exportaciones y el consumo de los recursos energéticos.

12. La política sectorial, y particularmente la prestación de los servicios públicos energéticos, entendida en el concepto más amplio, debe asegurar que todos los habitantes puedan acceder al consumo de los bienes energéticos en el presente y en el futuro, en igualdad de oportunidades, sin distinciones fundadas en su nivel socioeconómico o lugar de residencia, en condiciones que garanticen la continuidad, calidad y economía del servicio, la racionalidad en el uso y la conveniencia para el medio ambiente.

13. Prohibición del corte de los servicios públicos por falta de pago de los usuarios, debiéndose establecer la tarifa de interés social. Si antes de 1989 éramos usuarios y nos convirtieron posteriormente en clientes cautivos, nuestro objetivo debe ser rescatar nuestra condición de usuarios y de trabajadores de empresas productivas y no de aventuras financieras que grupos privatistas las convirtieron al renegar del concepto social y estratégico de la energía.

14. Declaramos que la recuperación de Aguas Argentinas, constituiría una iniciativa superadora de la situación de privatización. Pese a ello, las luchas realizadas durante años, por distintos sectores gremiales, políticos y sociales, entre los que se encuentran la CTA y la FeTERA, no se ve plenamente satisfecha, por varios motivos, entre los que señalamos: a) Se llega a la reestatización luego de varios intentos fracasados de hallar empresas privadas para reemplazar a Suez. b) La presidencia de la nueva empresa AYSA, se pone en manos de los sectores sindicales que tuvieron que ver con la entrega de nuestro patrimonio, apoyando la privatización, en un inconcebible escenario de reciclaje político.

Además aprobamos:

SOBRE EL MODELO ENERGETICO ARGENTINO Y LA CRISIS

Declaramos que no vivimos una crisis de oferta energética, ya que desde nuestro país se exporta diariamente, gas y petróleo en crudo.

La crisis es del propio modelo neoliberal que ha fracasado en toda línea y, que aún persiste, no ha sido útil ni para el Estado, ya que desde las privatizaciones se perdió toda iniciativa en materia de política energética; ni para los usuarios y consumidores, que desde las privatizaciones han sufrido aumentos de tarifas, deterioro del servicio y cortes de servicios con retiro de medidores; ni para los trabajadores del sector, que en gran medida perdieron sus trabajos, retrocedieron en sus derechos laborales y salarios y sufren la precarización y flexibilización laboral.

Nuestra decisión es trabajar en la construcción de un Modelo Energético distinto, donde se reconozca, defienda y ejerza la soberanía energética; Para FeTERA la energía es un derecho humano esencial, y como tal debe ser contemplado y concebido en el marco del conjunto de los derechos humanos esenciales. Los derechos del hombre definidos como las libertades primarias (el derecho a la vida, los derechos políticos) no se pueden asegurar mientras no se respeten los otros derechos irrenunciables como el derecho al trabajo, el acceso a la cultura, a la información, a la vivienda, al salario universal, al alimento, a la salud y a la educación. El ejercicio del derecho a la energía y al agua, como de todos los demás mencionados, necesita la formulación de un nuevo modelo de país, de una nueva estructuración social, de nuevas metas nacionales y regionales que implique un contrapoder a la hegemonía imperial del poder económico globalizante.

Hay que construir una nueva concepción de la unidad latinoamericana, refundar el Mercosur sobre las bases de atender las necesidades de sus pueblos, como paso hacia la integración bolivariana como forma de luchar por la plena independencia y el crecimiento de sus habitantes.

SOBRE EL SECTOR ELECTRICO

Este congreso reclama la reestatización inmediata del sector, en virtud del fracaso de la gestión privada, que ha llevado al servicio eléctrico al borde del colapso. Reafirmamos nuestra posición en defensa de la generación nucleoelectrica, que debe mantenerse en el ámbito del Estado nacional.

SOBRE EL SECTOR MINERO

Defendemos una actividad minera, no contaminante, al servicio de los intereses del pueblo.

Este congreso reconoce al Carbón y al Uranio, como recursos esenciales y estratégicos. Demandamos su administración por parte del Estado Nacional. Exigimos el desarrollo de la industria carboquímica en la obtención de combustibles líquidos a partir del carbón.

Hoy el gobierno nacional importa Uranio a precios internacionales. La extracción y producción de uranio nacional, con tecnología y recursos humanos propios, permitiría no sólo un ahorro de varias decenas de millones de dólares por año, sino también el afianzamiento y sostenimiento del desarrollo de nuestra tecnología que está a la altura de las más avanzadas.

Reclamamos el restablecimiento de la exploración y explotación de este recurso estratégico a cargo del Estado nacional y en línea con dicho reclamo exigimos la modificación del Título XI del Código de Minería.

SOBRE LA MATRIZ ENERGETICA

Siendo la energía un recurso esencial y soberano, exigimos una matriz energética compatible con los recursos naturales propios y con el desarrollo tecnológico necesario y creciente. No aceptamos una matríz energética al servicio de los capitales privados. Esta concepción estratégica es la que permite una planificación adecuada a un desarrollo independiente y racional.

SOBRE EL CRECIMIENTO DE LA FeTERA Y NUEVAS ACTIVIDADES

Impulsaremos fundación y organización de nuevos sindicatos y agrupaciones de los trabajadores de la energía, tendiendo a una representación cada vez mas importante de los trabajadores del sector. Activaremos, una fuerte articulación entre los sindicatos y agrupaciones de la energía y las CTA provinciales y regionales.

Impulsaremos, por actividad (o recurso) energética, la realización de foros, encuentros, plenarios, etc. donde se debata la política de un proyecto energético nacional integrado.

SOBRE LA CAPACITACION Y FORMACION DE CUADROS

Este congreso se propone reactivar el Centro de Estudios Energéticos y Ambientales de la FeTERA. También aprobamos instrumentar un programa de capacitación gremial, laboral y de política energética, articulando con el Observatorio social y Jurídico de la CTA, las Universidades y el MORENO.

Desarrollaremos el INSTITUTO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS ENERGETICOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LATINOAMERICA Y EL CARIBE (IEETALC) impulsado por las organizaciones de la energía de Latinoamérica y el Caribe.

SOBRE LA RECUPERACION DE LOS RECURSOS ENERGETICOS

Continuar la campaña por la nacionalización del petróleo y del gas en todo el país. Plantear la necesidad de unificar políticas a nivel nacional, sobre recursos naturales, medio ambiente, modelo productivo y distribución de la riqueza.

Denunciar permanentemente que las empresas concesionarias de las áreas hidrocarburíferas, continúan extrayendo recursos a simple declaración jurada, sin que al día de hoy, el gobierno nacional, ni los provinciales se hayan preocupado, por controlar la veracidad de estas declaraciones.

Apoyamos y comprometemos nuestra difusión a la denuncia penal por evasión impositiva, contra las empresas Pecom Energía S.A., Repsol YPF, Shell Compañía Argentina de Petróleo y Esso Petrolera Argentina s.f. y que extienden sus alcances a los funcionarios del Banco Central de la República Argentina, de la Administración Federal de Ingresos Públicos y a los legisladores integrantes de la Comisión de Fuga de Capitales de la Cámara de Diputados de la Nación; y al recurso de amparo contra la Ley de Reforma del Estado y los decretos desreguladores de la actividad petrolera: 1055/89, que asegura la libre disponibilidad de los hidrocarburos para las empresas privadas; 1212/89, que libera los precios internos de los combustibles y los refiere a su cotización internacional; 1589/89, que garantiza la libre disponibilidad de las divisas obtenidas por la exportación petrolera. Ambas acciones llevadas adelante por el Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora, MORENO.

Saludamos la próxima realización del IV Foro Latinoamericano y Caribeño de Trabajadoras y Trabajadores de la Energía; que se llevará a cabo en mayo de 2008, en Quito (Ecuador), donde se tiene previsto crear la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores de la Energía.

SOBRE LOS DERECHOS GREMIALES Y LABORALES

Reclamamos enérgicamente al Gobierno Nacional, la personería gremial de la FeTERA y de la CTA; que al día de hoy no cuentan con legalidad para representar colectivamente a los trabajadores en abierta y reiterada violación de los acuerdos 87 y 98 de la OIT. Aprobamos iniciar una campaña en todo el país y en el exterior denunciando esta situación y reclamando el pronto reconocimiento de nuestras organizaciones.

Nos sumamos activamente a la campaña contra el despido sin causa y por la libre opción jubilatoria. Sobre este último tema, aprobamos la realización de encuentros y plenarios con compañeros activos, en el ámbito de la FeTERA, a fin de esclarecer sobre los contenidos de la nueva normativa legal.

Reclamamos, en apoyo de la organización de los trabajadores:

- Inmunidad para los fundadores y delegados de las organizaciones simplemente inscriptas.

- Reconocimiento de los representantes en el conflicto.

- Ejercicio irrestricto del derecho a huelga.

- Derecho al cobro de la cuota sindical por nómina por parte de las organizaciones simplemente inscriptas.

- Participación de las organizaciones simplemente inscriptas en las paritarias salariales y convencionales.

Destacamos que el tema Seguridad e Higiene en el trabajo, si bien es de responsabilidad del empleador, los representantes de los trabajadores tienen que formar parte de los comités de seguridad con poder de decisión. La seguridad nunca debe ser considerada una variable de ajuste en la ecuación económica.

SOBRE EL SALARIO MINIMO:

Según la ley, el salario mínimo debe ser la menor retribución que un trabajador sin cargas de familia debe percibir por una jornada legal que le permite cubrir el valor de los alimentos, vestimenta, vivienda, cultura, entretenimiento y esparcimiento. Exigimos un salario mínimo garantizado para todos los trabajadores y la eliminación de los contratos de media jornada.

SOBRE EL SEGURO DE EMPLEO Y FORMACION

Proponemos reemplazar el actual Plan Jefas y Jefes por un verdadero SEGURO DE EMPLEO Y FORMACION. La calificación de 'verdadero' remite tanto a los valores que el mismo debe tener (debe fijarse en función de que ningún hogar quede bajo la línea de pobreza), como a las estrategias de planificación pública que debiera transformar la disponibilidad de mano de obra financiada en un recurso que permita resolver las necesidades sociales postergadas y contribuir a una Area de Formación y Capacitación Laboral. Los beneficiarios de este plan deben contar con obra social, aportes jubilatorios, vacaciones pagas y salario familiar.

SOBRE LA ASIGNACION FAMILIAR POR HIJO

Sostenemos que no se seguir tolerando la inequidad que supone pagar un salario familiar por hijo sólo a los trabajadores registrados. Proponemos reemplazar el sistema actual por la vigencia de una ASIGNACION UNIVERSAL POR HIJO para todos los hijos de trabajadores. Exigimos acompañar esta asignación con la Generalización de la Ayuda Escolar Anual que hoy solo perciben los trabajadores registrados.

SOBRE EL TRABAJO NO REGISTRADO

El Estado Nacional, y las provincias, mantienen miles de empleados no registrados. Mientras a los fines estadísticos, el INDEC tabula a estos trabajadores, como ocupados, los mismos no tienen reconocimiento de derechos laborales y sociales. Exigimos el registro y reconocimiento laboral de todos los trabajadores no registrados por el Estado.

SOBRE LAS LUCHAS LLEVADAS ADELANTE POR NUESTRAS ORGANZACIONES:

- Apoyamos y acompañamos la lucha de los compañeros de Agrupación Enrique Mosconi, impulsando la causa penal 8568/99 que denuncia defraudación en la venta de YPF.

- Apoyamos y acompañamos la Lucha de Luz y Fuerza Mar del Plata, por la reincorporación de Gustavo Aranciaga, despedido sin causa; y por la creación de puestos de trabajo genuino, en la empresa EDEA SA.

- Apoyamos la lucha de la Asociación Personal Jerárquico de Gas por la paritaria salarial.

SOBRE LA REORGANIZACION DE LA ACTIVIDAD NUCLEAR

A continuación se brinda una síntesis de la propuesta de “Reorganización de la Actividad Nuclear”, elaborada por la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN) de todo el país, mediante la cual se promueve la creación de un organismo superior dentro de la estructura de gobierno, del cual dependan directamente las principales instituciones públicas del área nuclear: CNEA, NASA y ARN”, y que, además, “coordine el accionar de las empresas del sector, en las que el Estado tiene alguna participación accionaria.

Introducción

La crisis energética mundial, que tiene una expresión muy acentuada en nuestro país, ha obligado al Gobierno argentino a diseñar una política energética menos dependiente de los combustibles fósiles y a volver a poner en el centro de la escena a la actividad nuclear. Así, el 23 de agosto de 2006, con la presencia del entonces Presidente de la Nación, se lanzó el plan nuclear, destinado a la ”generación masiva de energía nucleoeléctrica”, Los puntos clave de dicho Plan incluyen terminar de construir la central nuclear Atucha II, extender la vida útil de la central nuclear Embalse, encarar una cuarta central nuclear de potencia y el reactor de diseño argentino CAREM, reactivar la planta de producción de uranio enriquecido de Pilcaniyeu y reanudar la minería del uranio.

Esta decisión gubernamental exige el funcionamiento pleno de todos los organismos y empresas públicas del ámbito nuclear; sin embargo, no se está avanzando con la celeridad que las necesidades del país imponen. La finalización de Atucha II, está fijada para el 2010, pero difícilmente se pueda cumplir con esa expectativa, porque nos encontramos con un sector nuclear muy deteriorado por causa de las políticas de postergación, vaciamiento, desarticulación y restricciones presupuestarias con que fue castigado durante dos décadas.

Nuestra Asociación, la APCNEAN, que nuclea a la gran mayoría de los profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear de todo el país, durante sus 42 años de existencia ha acopiado las buenas y malas experiencias del sector nuclear y aprendido de los errores propios y ajenos. Por ello, tiene la mejor perspectiva para señalar los factores que obstaculizan el rápido y definitivo despegue de la actividad. Desde esa posición y con el único interés de colaborar para lograr una Argentina mejor para todos, ha elaborado un documento que pondrá a disposición de las autoridades nacionales, en el que da a conocer, cuáles son, a su criterio, las medidas necesarias que deberían implementarse para destrabar el desarrollo de la actividad y alcanzar las metas establecidas para este sector.

Recomendaciones

Desde la APCNEAN sostenemos que no basta con optimizar el desempeño de cada uno de los organismos y cada una de las empresas que componen el sector nuclear público, sino que es imprescindible replantear totalmente la configuración de la estructura actual de dicho sector.

Las medidas que recomendamos aplicar están desarrolladas en 11 puntos de dicho documento, pero la explicitada en primer lugar es fundamental y condiciona prácticamente a casi todas las demás. Sintéticamente, dicha propuesta consiste en “crear un organismo superior dentro de la estructura de gobierno, del cual dependan directamente las principales instituciones públicas del área nuclear: CNEA, NASA y ARN”, y que, además, “coordine el accionar de las empresas del sector, en las que el Estado tiene alguna participación accionaria, tales como: Investigaciones Aplicadas (INVAP), Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI), Combustibles Nucleares Argentinos (CONUAR), Fábrica de Aleaciones Especiales (FAESA), DIOXITEK S.A., etc.”.

Fundamentos

Nuestra convicción de que es precisamente la conformación actual del sector nuclear público la malla en la que se quedan atascados muchos de los esfuerzos que se realizan y la que lentifica el desarrollo de la actividad está sustentada por la propia historia de la actividad nuclear argentina, que se divide en una primera etapa (1950-1990) plena de éxitos, en la cual el nivel científico y tecnológico que alcanzó le dio a la Argentina un lugar de privilegio en el mundo: el de estar entre las 10 únicas naciones que dominan el desarrollo completo del ciclo de combustible nuclear; y una segunda etapa (1990-20 ¿06?) en la que el sector nuclear fue relegado, vaciado, desmembrado y mantenido prácticamente en un estado de agónico letargo.

El destacado desarrollo en el área nuclear que se logró en aquella primera etapa, fue posible por una confluencia de factores, pero las claves del éxito fueron básicamente dos de ellos: por un lado, el tema se constituyó en una verdadera política de Estado, sostenida durante sucesivos gobiernos y, por otro, el hecho que todas las actividades del área estaban integradas por una única conducción que le daba coherencia y solidez a los esfuerzos de los distintos sectores, evitando la duplicación de proyectos y funciones y promoviendo la incorporación y el desarrollo de recursos humanos cuya excelencia obtuvo reconocimiento a nivel mundial.

Esas dos condiciones fundamentales para el desarrollo sostenido de la actividad nuclear se perdieron de cuajo en los ’90, cuando el gobierno nacional desmembró la CNEA y creó Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) -con el objetivo de privatizar las dos centrales nucleares productivas, Atucha I y Embalse y la que aún se encuentra en construcción, Atucha II- y el Ente Regulatorio Nuclear (ENREN), que más tarde pasó a llamarse Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN)– con el argumento de de independizar el organismo regulador de la actividad, para satisfacer una exigencia internacional. Desde entonces la organización se mantiene y los tres organismos, CNEA, NASA y ARN, si no divorciados entre si, coexisten distantes y prácticamente incomunicados unos de otros.

Teniendo en cuenta los resultados antagónicos de estos dos modelos contrapuestos del sector nuclear público, el de la actividad nuclear integrada en la CNEA del pasado, plena de logros, y el del sector nuclear diversificado, que aún sin haber alcanzado los objetivos que motivaron su conformación en los ’90, persiste sin razón lógica que lo justifique, creemos que es indispensable que se rediseñe la estructura del sector con el objeto de dotarlo de la coherencia y unidad de acción que tan necesarias le son.

Mar del Plata, 29 de marzo de 2008.

http://www.argenpress.info/nota.asp?num=054495&parte=0