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EL COMERCIO
Petrobras tiene hasta el 10 de abril para
aclarar irregularidades en contrato
13:23 | Petroecuador
notificó ayer a la petrolera brasileña sobre un reclamo de
incumplimiento en su contrato del bloque 18 y campo unificado Palo Azul.
Petrobras debe aclarar hasta el 10 de abril el traspaso
supuestamente ilegal de acciones a la japonesa Teikoku Oil que llevó a
la procuraduría de Ecuador a pedir la anulación del contrato que le
permite extraer 35 000 barriles diarios de petróleo, informó hoy
Petroecuador.
Señaló que “conminó” a la estatal petrolera brasileña a responder
los cargos de la Procuraduría en el proceso de caducidad del contrato
de participación para la explotación del bloque 18 y del campo Palo
Azul, en la Amazonia.
Petroecuador anotó se pronunciará sobre el pedido de la Procuraduría
una vez que cuente con la contestación al “reclamo de incumplimiento”
por parte de Petrobras, la cual es acusada de ceder un 40% de sus
activos a la firma japonesa en 2005 sin autorización del Estado.
Entretanto, Petrobras calificó de “infundadas” las acusaciones y
apuntó que la cesión parcial de derechos a Teikoku Oil fue “debidamente
aprobada por la autoridad”.
“Las acusaciones resultan injustificadas, generando, tanto en el
ámbito nacional como internacional, un grave daño a la reputación e
imagen de la compañía, la que desarrolla sus actividades con respeto
absoluto a las normas éticas y jurídicas en todas sus actividades”,
añadió.
De considerar la estatal ecuatoriana que Petrobras violó la ley, el
caso pasará a manos del ministro de Minas y Petróleos, quien actuará
como juez de última instancia. Si se procede a la anulación, los bienes
de la empresa brasileña quedarán bajo control del Estado ecuatoriano.
La estadounidense Oxy (Occidental) también vendió acciones a la
canadiense Encana sin autorización, por lo cual fue sancionada en 2006
con la caducidad del contrato, dejando de extraer alrededor de 100 000
de los 511 000 barriles por día que obtiene el quinto productor
sudamericano de petróleo.
El pedido de caducidad de uno de los contratos con Petrobras, que es
respaldado por varias organizaciones sociales e indígenas, se tramita
en momentos en que la estatal renegocia su acuerdo de participación
con el gobierno del presidente Rafael Correa, cercano al gobierno
brasileño.
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