A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

El pueblo guaraní de Itika Guasu, afectado desde 1997 por las operaciones petroleras - primero Chevron, después Maxus y ahora Repsol YPF S.A.- obligados por la actuación, que en nuestro criterio es suceptible de ser interpretada de mala fe, por parte de la empresa REPSOL YPF S.A., hacemos conocer lo siguiente:

REPSOL YPF S.A. no respeta las leyes nacionales e internacionales porque opera en nuestro territorio Itika Guasu sin considerar el cumplimiento de los derechos indígenas, a pesar de que los mismos son reconocidos por leyes nacionales y convenios internacionales.

REPSOL YPF S.A. es responsable de las consecuencias producto de su actuación ya que el desconocimiento de nuestros derechos ha ocasionado que las actividades de la empresa, tanto de exploración como de explotación y transporte de gas, provoquen daños a nuestro ambiente, daños a nuestra cultura y daños a nuestra magra economía.

REPSOL YPF S.A. niega haber cometido daño alguno y, sin embargo, nos propone en una propuesta de acuerdo rechazada por la APG Itika Guasu que renunciemos a nuestro derecho de demandar la compensación y la indemnización justa, reconocidas por el Convenio 169 de la OIT, por la Declaración de los Derechos Indígenas de la ONU y por el derecho internacional aplicable en estos casos.

REPSOL YPF S.A. no tiene voluntad de respetar los derechos indígenas, ya que desde el año 2003 venimos proponiendo a la empresa que actúe en el marco del derecho y realice sus operaciones en nuestro territorio en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial por ella definida, así como de los principios de respeto al medio ambiente, el reconocimiento a la Carta Internacional de Derechos Humanos y del derecho internacional aplicable y, hasta la fecha, sólo hace publicidad con acciones de asistencialismo antes que de Responsabilidad Social, no respeta los derechos indígenas y más bien, con sus relacionadores comunitarios, pretende dividirnos.

REPSOL YPF S.A. no demuestra buena fe, prueba de ello, es que desde el 29 de octubre de 2007 esperamos que Don Luis Suárez de Lezo Mantilla, quien funge como General Counsel ED Legal Affairs & Secretary of the Board, Member of the Delegate Comittee, Executive Director of REPSOL YPF S.A., nos responda las preguntas de la Carta Notarial presentada en Madrid donde demandamos saber:

1. Nombre y datos de contacto de la persona que represente con poderes suficientes a Repsol YPF S.A. en la República de Bolivia.

2. Nombre de la persona en la estructura jurídica y funcional de Repsol YPF S.A. con poderes legales suficientes para atender las inversiones en la República de Bolivia.

3. Nombre y datos de contacto de la persona que tenga poder suficiente para la representación legal (Asuntos Jurídicos) de Repsol YPF S.A. con relación a las inversiones en la República de Bolivia, sea ésta integrante de la estructura funcional de REPSOL YPF S.A. o integrante de un despacho jurídico con mandato de Repsol YPF S.A. para las cuestiones relacionadas con las inversiones en la República de Bolivia.

Han pasado más de tres meses sin que la empresa responda; su silencio demuestra que su actuación en su relación con la APG Itika Guasu no se corresponde con los estándares de negociación entre partes que deben estar basados en la buena fe.

Hasta la fecha la actitud demostrada en las fallidas negociaciones pone en duda que ésta sea la posición de partida de Repsol YPF S.A. y/o de sus presuntos representantes legales.

Toda vez que como pueblo indígena estamos amparados en la Carta Universal de Derechos Humanos, en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración Universal de los Derechos Indígenas de la ONU, así como en el derecho internacional aplicable, nos vemos obligados a iniciar las acciones pertinentes para demandar la protección que merecemos de parte del Estado boliviano como de la propia comunidad internacional.

REPSOL YPF S.A. no respeta nuestros derechos y no demuestra buena fe en sus relaciones con la APG Ikita Guasu, por lo que merece la condena de su actuación tanto de la sociedad civil nacional e internacional, como de una actuación oportuna de las autoridades bolivianas para preservar y garantizar nuestros derechos.

Por la Asamblea del Pueblo Guaraní de Itika Guasu

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