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MISIÓN
INTERNACIONAL DE VERIFICACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN
HUMANITARIA Y DDHH DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA
Comisión
de Verificación Arauca
La
comisión de verificación encargada de desplazarse al
oriente colombiano, estuvo integrada por representantes de Inter
Pares (Canadá), CONAIE (Ecuador), Delegacion Sarayaku
(Ecuador), Human Rights Everywhere (Noruega), Amazon Watch (USA),
Native Women´s Asociation of Canada (Canadá), Diario de
Zurich (Suiza), Red Europea de Solidaridad por Colombia, Amigos de
la Tierra de América Latina y el Caribe (Colombia), Humanidad
Vigente (Colombia), ONIC (Colombia) y Fundación Hemera
(Colombia).
Recorridos
La
Mision realizó encuentros con la Comunidad Uwa (Playas de
Bojabá), Comunidad Guahiba (Betoyes) Autoridades
departamentales y del municipio de Arauca (Sede de la USO), Comunidad
Matecandela (Arauca)
Observaciones
de campo
Los
grupos armados que hacen presencia en la zona (Ejército,
Guerrilla, Policía, Grupos Emergentes, Paramilitares), han
sido actores de un conflicto armado que lleva ya varios años,
responsables de los siguientes hechos contra los indígenas:
asesinatos
contra miembros y líderes de las indígenas,
provocando la disgregación social de las comunidades;
señalamientos
continuos de pertenecer a las guerrillas, o algún otro grupo
armado ilegal, lo que ha llevado a que los indígenas no
tengan la libertad de moverse en su propio territorio.
amenazas
y detenciones arbitrarias a miembros de la comunidad indígena
en general.
ocupación
de resguardos e instalación de minas antipersona en sus
territorios.
Según
los testimonios de campo, las fuerzas armadas militares han
utilizado las escuelas y centros educativos, de salud, los salones y
otros espacios comunitarios, para resguardarse durante sus
operaciones militares, violando el derecho internacional
humanitario.
Fue
constante la denuncia de los indígenas, señalando la
violación de su derecho constitucional a circular libremente
por el territorio del Resguardo y hacia las cabeceras municipales.
La
Mision recibió con preocupación la denuncia de
detenciones arbitrarias, principalmente de líderes y jóvenes
a causa de la carencia de documentos de identidad.
Preocupa
mayormente la presión por parte de miembros de la fuerza
pública sobre las mujeres y jóvenes indígenas,
procurando la relación sexual, lo que ha generado problemas
mayores como el madresolterismo y la proliferación de
enfermedades venéreas; hecho este, que ha ocasionando además
el repudio a las mujeres por parte de su misma comunidad.
Una
práctica constante en la zona ha sido el reclutamiento de
jóvenes (la mayoría de las veces menores de edad), a
las filas de las fuerzas militares, guerrillas y paramilitares, en
desmedro de la cultura indígena y de las disposiciones
legales que eximen a los indígenas del servicio militar.
El
temor generado por la acción de los diferentes actores, ha
sido un elemento recurrente para que los indígenas no
realicen de manera oportuna las denuncias sobre los atropellos de
los que son victimas. Adicionalmente, el proceso de la misma
denuncia, ya sea a través de la Personería o la
Defensoría no resulta práctico, por cuanto siempre son
requeridos a audiencias de ampliación ante un juez militar;
mucho menos en las propias guarniciones militares. En general los
indígenas aducen falta de garantías para realizar las
denuncias.
También
escuchamos denuncias sobre prácticas de desalojo forzado de
familias o grupos de la comunidad, como producto de falsas
acusaciones o señalamientos por parte de informantes del
ejército. Como consecuencia de esta práctica, en
muchas oportunidades la fuerza pública deja en libertad a los
indígenas, para luego detenerlos nuevamente, haciéndole
el quite al habeas data.
Los
indígenas involucrados en estas practicas ilegales, son
estigmatizados y victimas de atentados o amenazas por parte de
grupos paramilitares.
Se
recibieron denuncias del uso indiscriminado de la fuerza en el
desarrollo de las acciones militares en contra de la población
civil.
En
el caso de la comunidad de Betoyes, se denunció el
incumplimiento del Programa de Acción Social de los
compromisos pactados para el retorno a sus territorios, de las
comunidades victimas de desplazamiento forzado.
Lentitud
del gobierno -INCODER- de los compromisos de ampliación de
resguardos, como en el caso del Resguardo de Matecandelas en el
municipio de Arauca.
Se
observa que el proceso de consulta previa ha adolecido de problemas
relacionados con el manejo del idioma, limitaciones en el desarrollo
de una asesoría idónea para las comunidades, la
segmentación de los procesos, ya sea por razones
territoriales u organizativas y otros elementos relacionados con el
mismo desarrollo del proyecto.
Vemos
con preocupación constantes manifestaciones de racismo, tanto
institucional, como individual, encarnado en algunos funcionarios
que discriminan a los miembros de las comunidades indígenas.
Este
fenómeno se observa además en algunas instituciones
educativas, que discriminan a los niños y jóvenes
indígenas, principalmente de la étnia Guahibo y les
niegan la posibilidad de hablar su lengua en dichos centros.
Respuesta
de las autoridades civiles y militares.
En
ese mismo sentido, vemos con preocupación la pretensión
de algunos funcionarios en ocultar la carencia de políticas
públicas preferenciales para los indígenas, con el
pretexto que la problemática de las poblaciones indígenas
están asociadas a contradicciones personales o al desacato de
la autoridad de sus miembros, entre otras razones, como consecuencia
del alcoholismo.
Sin
desconocimiento de lo anterior, también observamos con
preocupación las manifestaciones de deterioro de las
comunidades a causa del alcoholismo, tanto de hombres y mujeres, lo
que ha traído como consecuencia inmediata, el maltrato contra
niños y mujeres y el abandono de los niños en las
cabeceras municipales.
Sorprende
la respuesta de los miembros de la fuerza publica, para la cual
ninguna de las denuncias presentadas por los indígenas y la
Misión no tiene asidero, pues jamás han recibido queja
alguna sobre las violaciones reseñadas. No se obtuvo
respuestas a los señalamientos de los indígenas, por
cuanto los miembros de la fuerza publica responsables de la fuerza
en la región adujeron ser nuevos en el cargo.
En
esa misma dirección, el tema del acoso sexual a las mujeres
indígenas es asumida como un hecho natural de la relación
de hombres y mujeres, que resulta irremediable.
Contrario
a la Mision y al espíritu que la Defensoría del Pueblo
ha mantenido en la defensa de los derechos de las poblaciones
indígenas, nos llamó la atención la actitud
negligente de la funcionaria de la Defensoría Regional quien
jamás saludó a la misión y a la delegación
indígena, los pocos minutos que estuvo, los ocupó
hablando por teléfono, y se retiró de la reunión
sin siquiera despedirse formalmente. El delegado de la Procuraduría,
aunque permaneció unos minutos en la audiencia, también
se retiro de la reunión sin mayores explicaciones.
En
síntesis, la participación de las distintas instancias
de gobierno no estuvo a la altura de las expectativas de las
comunidades y sus respuestas denotan la valoración que el
estado tiene por las comunidades en esta región del país.
A
pesar de las respuestas dadas, resaltamos el valor de los miembros
de la fuerza publica –ejercito y policía- por dar respuesta
a cada una de las inquietudes de los miembros de la Misión y
de las comunidades, así como su disposición por
participar durante toda la audiencia, y aceptar una reunión
bilateral con ONIC y ASCATIDAR para abordar en detalle las denuncias
presentadas.
Tanto
el Estado como las comunidades deben procurar el involucramiento de
los profesionales indígenas en los diferentes procesos de su
competencia, siempre que los mismos sean intérpretes y
voceros cabales de sus realidades.
Recomendaciones
Acercamientos
de la fuerza pública con la indígena para mejorar los
canales de comunicación, buscando un mejor tratamiento de las
denuncias sobre amenazas, desplazamientos, intimidaciones y otras
violaciones de los ddhh.
Carencia
de mecanismos o estrategias ágiles o viables para que los
indígenas denuncien las violaciones de las cuales son
víctimas.
El
estado debe asumir los costos de la participación de los
indígenas en los proceso de consulta previa y ser garante de
que sus deliberaciones se desarrollen de manera autónoma y
libres de cualquier coacción.
La
consulta previa debe realizarse en su propio idioma y debe proveerse
a las comunidades de los traductores necesarios cuando se utilice
una lengua diferente.
La
consulta debe ser garante de la participación de todos los
miembros de la comunidad a través de los mecanismos de
representación que cada una ellas habilite.
El
estado debe considerar la voluntad del pueblo Uwa, de involucrar a
todos los pueblos de los cinco departamentos en el desarrollo de la
consulta.
El
estado debe garantizar que el pueblo Uwa cuente con una asesoría
permanente y cualificada escogida por ellos, para que les acompañen
durante todo el proceso.
Muchas
de las denuncias presentadas son resultado de la ausencia de
programas específicos para las comunidades, en materia de
derechos económicos, sociales y culturales, razón por
la cual es necesario que el estado a todos los niveles implemente
programas diferenciales para estas comunidades y a nivel nacional
implemente una política pública diferencial, buscando
una solución real a sus problemas.
Mision
Internacional de Verificación
Grupo de
trabajo Arauca
Septiembre
21 – 23 de 2006
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