Redacción Negocios
Las petroleras privadas rechazaron, al menos de
momento, el diálogo planteado por el ministro de Petróleos, Galo
Chiriboga, y no asistieron a la reunión programada para las 11:00 de ayer.
El funcionario informó que el argumento de las firmas para no asistir
fue que aún están en consultas con sus casas matrices.
840
millones de dólares es el monto que el Gobierno prevé recibir por el
nuevo decreto.
Pero lo que menos busca el Régimen es
apaciguar los ánimos. Chiriboga anunció que el mandatario, Rafael
Correa, dispuso que se realice una auditoría a los contratos con las
petroleras privadas, en la reunión de Gabinete efectuada el fin de
semana pasado.
“Para saber por qué se pactó la revisión de
precios solo cuando se iban a la baja, pero no cuando iban al alza
(...), lo cual sería una grave omisión”, dijo Chiriboga.
La
investigación estará a cargo de la Dirección Nacional de Hidrocarburos
(DNH), cuyo titular indicó que el informe estaría listo en los
próximos 60 ó 90 días.
Chiriboga insistió en que el beneficio
estatal del 99% sobre las ganancias extras resuelto por el Jefe de
Estado, vía Decreto, no está en discusión.
Sin embargo, para
el analista Luis Calero, la norma debería atender la situación
particular de cada contrato. “Incluso deberían considerar la situación
de cada campo, porque en algunos se han hecho inversiones nuevas”.
La
reforma, además, impacta a nuevos inversionistas. Según la Unidad de
Contratos de Petroecuador, Petrobras opera los bloques 18 y 31 desde
el 2002.
Estos campos pertenecían a la argentina Pecom
Energía. Adicionalmente, la petrolera brasileña está por concretar el
traspaso del 40% de sus obligaciones contractuales, con la autorización
de Energía (hoy de Petróleos), a la japonesa Teikoku, cuyo proceso se
inició el año pasado.
A estas se suman, la china Andes Petroleum
en Tarapoa y su subsidiaria Petroriental, que opera los bloques 14, 17
y los campos Fanny y Mirian desde 2006.
Estos eran operados
por AEC, cuya matriz era la canadiense Encana, que entró al país tras
lograr el 40% de las acciones de Occidental. Ese traspaso no tuvo
la autorización de Ministerio y se declaró la caducidad del contrato.
Estas
adquisiciones se hicieron a valor de mercado en esa época y no con
precios del contrato inicial, dijo el titular de una petrolera. “Mal
pudieran pagar el 99%”.
Para el abogado de las petroleras,
Fernando Santos, la distribución de los excedentes debería ser
escalonada. “De acuerdo a cómo sube el precio y también a cada
contrato, pues hay algunos contratos de producción pequeña que tienen
más rentabilidad, y otros con mayor producción que pueden dar más al
Estado”, dijo el experto a una radio local.
Este sería el caso
de City Oriente (bloque 27), que según su apoderado, José Páez, se
vería afectado, pues tiene una producción marginal de 3 000 barriles de
crudo diarios. Una producción similar la tienen Repsol (campo Bogui); y
Petroriental (bloque 14).
Según la Unidad de Contratos, entre
agosto de 1995 y marzo del 2000, siete contratos pasaron de la
modalidad de servicios o asociación a participación: Andes, Canadá
Grande, Repsol, dos de Petroriental, Perenco; y Occidental (hoy ya
fuera del país). Otros nueve firmados en 1995 y 1996 son netamente de
participación.
