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ECUADOR - Editorial de El Comercio sobre el Yasuni |
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sábado, 27 de octubre de 2007 |
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Por
Editorial Diario El Comercio
La
reciente decisión gubernamental de ratificar la licencia ambiental para
que la petrolera brasileña Petrobras explote el bloque 31, ubicado en
el Parque Nacional Yasuní, abrió un debate que evidencia las
dificultades de gobernar con posiciones divergentes -al menos en la
percepción pública- en una materia tan delicada como la explotación
petrolera frente a la protección del medio ambiente.
Las organizaciones que venían apoyando con entusiasmo la iniciativa
gubernamental de no explotar los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini
(ITT) en esa área protegida consideran que resulta contradictorio
levantar, por un lado, una campaña mundial para que se compensen los
ingresos que el Estado dejaría de recibir al conservar el petróleo bajo
tierra, y por otro, permitir la explotación a Petrobras. Es verdad
que los bloques se manejan por separado y que la petrolera brasileña
hará la explotación desde fuera del Parque, pero es difícil separar una
actividad de la otra, en especial si geológica y geográficamente
forman una unidad y están ubicados en el mismo lugar intangible.
Una
de las voces en contra ha sido la de Alberto Acosta, ex ministro de
Energía del actual Gobierno que tenía, y tiene una visión
conservacionista más que economicista. Una vez que dejó el cargo para
ser candidato a la asamblea nacional, es evidente que las cosas han
marchado con más facilidad para los funcionarios que están convencidos
de que el recurso petrolero debe explotarse, más todavía cuando los
precios mundiales son los más altos de la historia.
Cabe
mencionar que el presidente Rafael Correa ha mantenido un discurso
claro respecto del ITT: si hasta junio del 2008 no se logra la donación
de 350 millones de dólares anuales (calculados con precios
internacionales no tan altos como los actuales) para no explotar el
crudo en el Yasuní, seguirá adelante con las concesiones, haciendo que
se respeten las normas ambientales en una zona frágil.
La
licencia a Petrobras, vista con el pragmatismo de un Gobierno que
necesita recursos para los programas sociales, puede ser considerada
como la antesala para abrir la explotación controlada del ITT, aunque
esto le signifique conciliar los discursos con la realidad.
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