Entrevista a Alberto Acosta, promotor de la iniciativa ITT-Yasuní
- Lunes, Noviembre 2, 2009, 8:28
Alberto
Acosta, economista y profesor-investigador de la Facultad
Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO) con sede Ecuador, es uno de los
impulsores del proyecto ITT. Fue presidente de la Asamblea
Constituyente, desde
noviembre de 2007 hasta junio de 2008; y ministro de Energía y Minas,
de enero
hasta junio de 2007, posición desde la que por primera vez propuso
públicamente
esta iniciativa. También es uno de los fundadores de Movimiento País,
el
movimiento político del presidente de la República Rafael Correa.
El proyecto ITT (siglas tomadas del
nombre de los
tres pozos de exploración perforados en la zona:
Ishpingo-Tambococha-Tiputini)
es una de las iniciativas del gobierno ecuatoriano para luchar contra
el
calentamiento climático. Se trata de no explotar unos 850 millones de
barriles
de petróleo situados en el Parque Yasuní, que constituye una reserva
natural
con una de las biodiversidades más importantes en el mundo.
La explotación de este petróleo pesado,
de 14
grados API, podría significar para el Estado un ingreso que fluctuaría
entre
5.000 y 6.000 millones de dólares (con un precio cercano a 70 dólares
el
barril).
El Ecuador tiene una economía basada
principalmente en la renta petrolera. Recuérdese que el petróleo
representó el
22,2% del PIB, el 63,1% de las exportaciones y el 46,6% del Presupuesto
General
del Estado en el año 2008.
Las reservas del ITT representan cerca
del 20% de
las reservas totales conocidas en el país, lo que supone una fuente
financiera
importante en un país tan pobre como el Ecuador. Sin embargo, la
propuesta del
gobierno ecuatoriano es la de no explotar esas reservas, por diversas
razones,
no sólo ambientales.
Ecuador, partiendo del principio de
corresponsabilidad por los problemas ambientales globales, pide a
cambio a la
comunidad internacional una contribución cercana al 50% de los ingresos
que se
podrían conseguir si explotara ese petróleo. Es una propuesta que tiene
como
meta luchar contra del calentamiento climático y contra la pérdida –
sin
posibilidad de retorno – de una muy rica biodiversidad, impedir la
emisión de unas 410 millones toneladas de CO2, frenar la deforestación
y la
contaminación de los suelos, así como el deterioro de las condiciones
de vida
de los habitantes de la región. Además, esta es una manera efectiva de
prevenir
la transformación de la selva amazónica en una sabana, lo que
provocaría una
disminución sustancial de la cantidad de agua en todo el continente.
En diciembre próximo, durante la cumbre
mundial
de Copenhague en la que se reflexionará sobre los alcances y
limitaciones del
Acuerdo de Kioto, destinado a mitigar e incluso frenar los perniciosos
efectos
de los cambios climáticos, el Ecuador espera que este proyecto sirva
como
modelo. El proyecto ITT representa una revolución ecológica que conduce
a un
modelo alternativo de desarrollo a partir de una economía
post-petrolera para
el Ecuador y el mundo. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del
gobierno
ecuatoriano y del presidente Rafael Correa, así como de algunas
personas en
Ecuador y en otras regiones del planeta, la comunidad internacional
tarda en
reaccionar y en apoyar este proyecto. Por el momento, sólo Alemania, a
través
de su Parlamento y su gobierno, se ha comprometido a financiar este
proyecto
con unos 50 millones de euros al año, por trece años, que es el tiempo
que
duraría el beneficio que produciría la explotación y exportación del
crudo del
ITT. Hay otros países, como Noruega, en donde esta iniciativa ha
encontrado un
eco inicial positivo, así como algunas organizaciones, como la
Comunidad de
Madrid, además de varias decenas de personalidades a nivel mundial.
¿Cómo
surgió la idea
del proyecto ITT y cómo se desarrollaron los primeros pasos?
Este proyecto surge como resultado de
un esfuerzo
colectivo que tiene ya una larga historia y muchos procesos que fueron
convergiendo en un punto dado. Cuando yo presenté esta idea
públicamente por
primera vez al principio de 2007, había transcurrido ya mucho tiempo
desde que
por primera vez se comenzó a trabajar en una propuesta que buscaba la
moratoria
de la actividad petrolera en la Amazonía ecuatoriana. Esto emergió en
primer
lugar de las luchas de resistencia de los pueblos indígenas,
particularmente en
el centro sur de la Amazonía orientadas a impedir que la actividad
petrolera se
expanda hacia sus territorios, así como de los grupos de colonos
mestizos en la
Amazonía norte y de los pueblos indígenas afectados por la actividad de
la
compañía Chevron, antes Texaco. Eso es un primer punto que hay que
tener muy
claro. Había un proceso de lucha en contra de ese atropello que se
plasma en el
juicio contra la Texaco en Ecuador y que constituye un hito en la
resistencia
de la sociedad amazónica y nacional contra las prácticas depredadoras
de las
empresas petroleras.
Desde estos procesos sociales, en los
que
intervinieron otros grupos, particularmente el de Acción Ecológica, se
comienza
a discutir la posibilidad de una moratoria petrolera. Ya hace muchos
años, casi
diez, se plasmó esta idea en un librito que se llamaba “Ecuador
post-petrolero”. Entonces se habló sobre la posibilidad de una
moratoria
petrolera. Paulatinamente fuimos concentrando nuestra atención no sólo
en
impedir la ampliación de la frontera petrolera sino en reforzar las
propuestas
de conservación y de respeto a los territorios indígenas. Es muy
conocido que
el Ecuador es privilegiado en términos de biodiversidad; en la zona en
donde se
pretendía impulsar la actividad petrolera ligada al ITT hay dos áreas
de protección
especialmente importantes: el Cuyabeno y el Yasuní. Son zonas que
tienen una
enorme biodiversidad como producto de no haber sido afectadas por la
glaciación. Son reservas del Pleistoceno que las hacen especialmente
ricas en
términos de vida. Cuando se produce la glaciación, las partes norte y
sur del
planeta, se ven copadas por el hielo hasta más de la mitad de Europa,
todo
Estados Unidos. Entonces, en esta zona central del planeta, se
concentró la
vida. No fue afectada la vida. Es más, desde allí se repobló lo que
actualmente
conocemos como la Amazonía. Por eso se explica esta enorme
biodiversidad.
Pero lo que me interesa recordar como
idea es que
formulamos una estrategia específica para esta región apenas fui
nominado como
ministro de Energía y Minas en enero del 2007. Antes de posicionarme
como
ministro trabajé esta iniciativa, particularmente con Esperanza
Martínez. Ella
me presentó una ayuda-memoria donde se discutía esta posibilidad.
Luego, ya en
el Ministerio, pulimos esta propuesta. Así surge esta idea en una
primera fase.
Hay que anotar que inicialmente esta
propuesta
revolucionaria, sin duda alguna, provocó un enfrentamiento dentro del
gobierno
del presidente Correa, quien inicialmente tuvo algunos reparos
derivados de las
urgencias económicas que tiene un país empobrecido como Ecuador. Por un
lado,
la iniciativa la lideraba yo como ministro de Energía y Minas. Era una
decisión
poco entendida, ni comprendida por la lógica tradicional. Resultaba
inconcebible que el propio ministro del ramo proponga dejar el petróleo
en el
suelo, no explotar el petróleo. Por otro lado, el presidente de la
empresa
estatal Petroecuador quien quería sacar el petróleo del lugar,
presionaba
dentro y fuera del gobierno para acelerar su explotación. Recuérdese
que yo era
el presidente del directorio de Petroecuador, el otro era presidente
ejecutivo
de dicha empresa. Teníamos una posición enfrentada. Mientras yo buscaba
consolidar la no extracción de crudo, el presidente de la empresa
estatal
aceleraba los trámites para entregar este yacimiento hidrocarburífero a
varias
empresas petroleras. Tan es así, que él, sin informarme, negociaba con
las
empresas estatales de Chile (Enap), China (Sinopec) y Brasil
(Petrobras).
Conversaba también con la empresa estatal venezolana (PDVSA) para
extraer el
petróleo. Su meta era llegar a firmar un convenio para extraer
rápidamente el
petróleo.
La situación era tensa. Tanto que
fuimos a un
directorio de Petroecuador, en el que nos reuníamos normalmente muy
temprano
por la mañana (a las seis de la mañana ya empezaban las sesiones), en
la que
participó el propio presidente de la República. El escuchó los
argumentos de
una y otra parte. Luego optó por apoyar la tesis de dejar el petróleo
en
tierra, siempre que se tenga una compensación financiera internacional,
porque
en esa época hablábamos de compensación… Si no había la compensación
financiera, se explotaría el petróleo, dijo del presidente. El tema
financiero,
hay que reconocerlo, estuvo en el centro del debate desde entonces, y
sirvió
para bajar las tensiones alrededor de que el país perdería mucho si no
se
extraía el crudo.
Así comienza a cristalizarse esta idea
en el
ámbito gubernamental, que hasta su aprobación hacia medidos del 2009
atravesó
por un complejo y muy contradictorio proceso de acercamientos y
distanciamientos. En varias oportunidades, sobre todo en el exterior,
el
presidente Correa apoyó decididamente esta iniciativa, mientras que, en
otras
ocasiones, puso reparos y dio marcha atrás, frenando el avance del
proyecto.
El Ecuador necesita el dinero de este
petróleo.
Las exportaciones del petróleo representan casi la mitad de los
recursos del
Estado. ¿Cuáles fueron los argumentos para convencer a Rafael Correa y
a los
otros?
Dentro de este proceso de lucha y de
aprendizaje,
en el que se combinan la resistencia y la construcción de alternativas,
nosotros comprendimos claramente, incluso durante las discusiones
llevadas con
Rafael Correa antes de ser candidato presidencial, que la extracción de
petróleo por sí sola no era suficiente para desarrollar el país.
El Ecuador ya tiene una larga tradición
de
explotación petrolera en la Amazonía, y no se ha desarrollado.
Comenzamos a
exportar el petróleo amazónico desde 1972; aunque ya mucho antes, a
partir de
la segunda década del siglo XX, en menor cantidad, habíamos exportado
petróleo
desde la península de Santa Elena. Desde que fluyó por primera vez el
crudo el
23 de marzo de 1967, y más concretamente desde agosto de 1972, cuando
zarpó el
primer cargamento de petróleo al mercado internacional, se han extraído
más de
4.000 millones de barriles de petróleo. El país ha recibido en términos
nominales cerca de 90.000 millones de dólares. Y no nos hemos
desarrollado.
Entonces, ahí surge una pregunta:
¿conviene
seguir haciendo lo mismo? La respuesta es no. La extracción de petróleo
en la
Amazonía, directa y también indirectamente, condujo a deteriorar las
condiciones ambientales y sociales de la población amazónica. Tenemos
una
tremenda deforestación, erosión, contaminación del suelo, del agua y
del aire.
El nororiente de la Amazonía ecuatoriana es totalmente diferente de lo
que era
antes. Yo tuve la oportunidad de estar en esta región en el año 1969.
Entonces
había selva, ahora ya no hay selva, hay mucho deterioro ambiental y
también
humano. Las provincias amazónicas registran la mayor pobreza de todo el
Ecuador, pero son las provincias petroleras las más pobres de dicha
región.
Asimismo, una continuada deforestación
amazónica
provoca pérdidas de agua en la sierra ecuatoriana y en el resto del
país. Las
nubes amazónicas son cada vez menos compactas y esto conduce a una
reducción
del caudal de agua lluvia.
Adicionalmente le hicimos comprender al
presidente la importancia que tiene la enorme biodiversidad existente
en esa
región de la Amazonía. En un solo árbol del Yasuní, puede haber un
mayor número
de especies de escarabajos nativos que en toda Europa. En una hectárea
del
Yasuní, hay un mayor número de especies de árboles nativos que en toda
América
del Norte. Durante la glaciación del planeta, tal como señalé antes,
ahí se
concentró la vida.
Además, le presentamos razones éticas
indiscutibles. Ahí viven pueblos no contactados, pueblos libres en
aislamiento
voluntario: los Tagaeri, los Taromenane y los Oñamenane -que forman
parte de la
nacionalidad Waorani-. Por lo tanto, tenemos un reto humano enorme. En
este
punto vale mencionar que desde el Ministerio de Energía y Minas,
trabajé con el
Ministerio de Ambiente para elaborar una propuesta de política pública
para
pueblos en aislamiento voluntario.
Anotemos un hecho que no puede quedar
al margen:
la actividad petrolera de la compañía Chevron-Texaco, entre los años
sesenta y
los noventa del siglo XX, provocó la desaparición de dos pueblos
enteros, los
Tetetes y los Sansahauris. Las voces, las risas, los comentarios, los
juegos,
los cantos, los lloros de esos pobladores nunca más los vamos a volver
a oír.
Desaparecieron todos. Fue un choque con la “cultura occidental y
cristiana”, que liquidó a estos pueblos. Para completar esta tragedia,
de
manera irónica, los nombres de estos dos pueblos desaparecidos sirven
para
denominar dos campos petroleros en el norte de la Amazonía ecuatoriana,
donde
habitaban estos pueblos…
Es más, sobre Texaco pesa también todos
los daños
económicos, sociales y culturales causados a los indígenas siona,
secoya,
cofán, kichwa y waorani, además de perjuicio a los colonos
blanco-mestizos. En
el ámbito psicosocial las denuncias son múltiples: violencia sexual por
parte
de los operadores de compañía contra mujeres adultas y menores de edad
mestizas
e indígenas, abortos espontáneos, discriminación y racismo,
desplazamientos
forzados, nocivo impacto cultural y ruptura de la cohesión social.
Y por último, extraer ese petróleo no
sólo que
afectaría a la biodiversidad y la vida – que ya es motivo suficiente
para
no hacerlo – sino que provocaría una emisión de unas 410 millones
toneladas de CO2. Es un petróleo pesado, que tiene mucho azufre, que
tiene que
ser descontaminado. Eso costaría a la humanidad mucho dinero, porque
eso no le
cuesta sólo al Ecuador. Va a costar, sobre todo, a los países ricos,
que son
los que más han contaminado y que están preocupados por mitigar dicha
contaminación.
Todos esos elementos, sumados a la
necesidad de
pensar en una economía postpetrolera, considerando que las reservas
petroleras
en el país se acaban, fueron configurando un escenario para exigir la
no-explotación del ITT.
Todo lo anterior se complementó con
reflexiones
tendentes a plantear una nueva modalidad de acumulación, orientada a
construir
un esquema postpetrolero, es decir una economía postextractivista.
Ecuador,
como casi todos los países que han pretendido desarrollarse en base a
la
exportación de petróleo y también recursos minerales, han transitado
por una
senda muy compleja. Han consolidado economías rentistas, sociedades
clientelares y gobiernos de tinte autoritario. Es una cuestión que
todavía está
en disputa dentro del gobierno del presidente Correa y, también, en los
gobiernos considerados como progresistas en la región.
Este proyecto se sirve de los
mecanismos creados
por el protocolo de Kioto. Pero lo que es interesante es que va más
allá de los
objetivos de este acuerdo internacional porque la meta no sólo es hacer
pagar a
los que contaminan sino también proteger la biodiversidad, en una parte
importante
de la Amazonía, etc. ¿Puedes explicar los objetivos y los mecanismos de
este
proyecto?
El proyecto supera la visión y
mecanismos del
Protocolo de Kioto, si bien surge con una propuesta de compensación. Al
menos
la mitad de los ingresos que corresponderían a una factura de una
posible
explotación, se situarían por fuera de los mecanismos de Kioto, porque
entre
otras cosas, esos mecanismos están orientados a la absorción de
emisiones. En
este caso no hablamos de absorber emisiones, sino de evitarlas. Aun
cuando hubo
intenciones de vincular totalmente el proyecto al mercado existente del
carbono, esta pretensión no prosperó.
Además, nosotros creemos que proteger
la vida no
puede hacerse recurriendo a relaciones mercantiles. Ponerle un valor
monetario a
la naturaleza, en otras palabras a la vida, no nos parece que es lo más
adecuado. Entonces, la propuesta ITT ya de por sí rebasa la esencia del
mercado
de carbono, la esencia del Convenio de Kioto. Por eso, éste proyecto se
enmarca
en una lógica post-Kioto. Nosotros creemos que eso tiene que ser uno de
los
elementos consustanciales, fundamentales para avanzar en la
construcción de
respuestas realmente efectivas a las demandas que se derivan de los
cambios
climáticos que afectan a la humanidad.
Con esta propuesta de no explotación de
crudo
pretendíamos, además, replantear una agenda internacional sobre cambios
climáticos: hablar del petróleo y su excesivo consumo como principal
agente de
estos fenómenos, impulsar acciones prácticas en donde se pongan en
juego las
responsabilidades comunes pero diferenciadas, posicionar en la agenda
internacional global la importancia de la conservación de biodiversidad
y del
respeto a los derechos de los pueblos indígenas.
Nosotros -me refiero sobre todo al
trabajo que
hemos realizado en este año con Eduardo Gudynas (uruguayo), Joseph
Vogel
(norteamericano), Esperanza Martínez y yo (ecuatorianos)- hemos
desarrollado
una línea diferente. Hablamos de co-responsabilidad y de política de
Estado. No
creemos que se pueda solicitar una compensación por la compensación.
Aquí hay
una co-responsabilidad compartida, sobre todo, por las sociedades más
ricas que
son las que más han destrozado el planeta. El gobierno ecuatoriano,
además,
tiene que transformar esta decisión en una política estatal,
independiente haya
o no el financiamiento que se busca.
Insisto, la compensación, en realidad, no es una compensación sino una
contribución a partir del principio de co-responsabilidad de los países
que han
deteriorado el medio ambiente –Estado Unidos, Europa, Japón–. Esa
es la idea medular.
El gobierno nacional en su propuesta ha
recogido
muchos de estos criterios presentados por el grupo mencionado, no
todos.
Todavía mantiene la opción del mercado de carbono para los recursos
adicionales
que se obtengan. Se colocarían Certificados de Garantía Yasuní y eso
generaría
unos réditos. Además, Ecuador, con esos réditos, financiaría proyectos
de
reforestación, proyectos para el desarrollo de energías alternativas
renovables
y otros proyectos más. Y a cuenta de estos proyectos, aspiraría a
conseguir
recursos en el mercado de carbono. Es decir se busca obtener los
recursos para
mantener el crudo en tierra y no emitir el CO2, al tiempo que los
réditos que
estos recursos generen servirían para hacer inversiones que le
permitirían
operar en el mercado de carbono, una cuestión con la que no estamos
totalmente
convencidos.
¿De
qué servirá el
fondo económico que el Ecuador tendría y sobre todo quién decidirá cómo
se
podría utilizar?
La definición de quien usa el fondo
está muy
clara: tiene que ser el Estado ecuatoriano. Eso es indudable. Y el
manejo del
fondo, en qué se usan los recursos, lo decide el Estado ecuatoriano.
¿Cómo se
maneja el fondo? Eso es un tema de discusión, que debe ser llevada a
cabo por el
gobierno nacional y la sociedad ecuatoriana, particularmente con las
poblaciones afectadas por las actividades petroleras, y los pueblos del
Yasuní,
con el fin de avanzar colectivamente en la construcción de un Ecuador
post
petrolero, que fue la idea fundacional del proyecto.
La administración de la cuenta, es
decir del
fideicomiso, debe estar a cargo de alguna instancia de Naciones Unidas.
No
puede ser un banco multilateral, como el BID (Banco Interamericano de
Desarrollo), tal como se pretendía desde el equipo gubernamental
encargado de
llevar adelante este proyecto. Queremos que sea Naciones Unidas porque
este
proyecto puede ser reproducido, replicado en otras partes.
El destino de los recursos – tema en
discusión – sería para reforestación; para fuentes alternativas de
energía; para proyectos sociales en educación, salud; para la
restauración
ambiental; sobre todo para mejorar las condiciones de vida de la
población
amazónica. Ese es el gran debate. La propuesta oficial está en los
primeros
puntos y va perdiendo prioridad hacia abajo. Nosotros queremos que
estos
recursos prioritariamente deban servir para la restauración de la
naturaleza en
la Amazonía, sin que eso implique que a la Chevron-Texaco se le exime
de pagar
lo que destruyó.
Una opción inteligente de inversión de
los
recursos obtenidos dentro de esta iniciativa podría ser la recuperación
y
desarrollo de tecnologías alternativas propias por ejemplo en temas
agua, de
agricultura, de energías limpias, descentralizadas y de bajo impacto.
Sólo superando
la dependencia del patrón tecnológico, podremos realmente construir un
camino
distinto, el camino del buen vivir o Sumak Kawsay. Recordemos que gran
parte de
esas tecnologías propias se encuentra en los saberes ancestrales o en
el
ejercicio de la creatividad de las comunidades marginalizadas; a las
que, en
lugar de rescatarlas, se los condena al poner en riesgo sus territorios
con
grandes proyectos extractivos.
Con
esa iniciativa,
¿no hay un riesgo de que Ecuador siga siendo dependiente de la
comunidad internacional
para financiar su modelo alternativo de desarrollo?
No veo ese riesgo si se parte del
principio de
co-responsabilidad, y de justicia ambiental. No se trata de una
tradicional
ayuda al desarrollo. No es una inversión extranjera directa. Además, el
manejo
soberano de los recursos está en manos del Estado ecuatoriano. Lo que
requerimos es un mecanismo para viabilizar el fideicomiso de los
recursos que
se obtengan y luego su manejo adecuado y eficiente, controlado por la
sociedad
civil ecuatoriana e internacional. Esta propuesta no es un proyecto de
desarrollo aislado.
Esta iniciativa ITT conlleva un mensaje
muy
fuerte, de que hay que cambiar radicalmente las formas de relacionarnos
con la
naturaleza. Basta de los discursos sobre los impactos derivados del
calentamiento global y el cambio climático, el mundo requiere acciones
concretas. Esta es una oportunidad que tiene el Ecuador y el mundo
entero para
encontrar respuestas creativas, audaces, revolucionarias. Entonces, a
mí no me
preocupa la supuesta dependencia financiera si estamos partiendo de una
base de
co-responsabilidad. Todos somos co-responsables del planeta. Pero unos
países
lo son mucho más porque han provocado mayores distorsiones y destrozos;
y esos
son los países industrializados.
Si
hay un cambio de
gobierno, un cambio de mayoría y que el nuevo gobierno quiere extraer
el
petróleo, ¿cuáles son los mecanismos que le impedirían esto?
Hay para comenzar una base
constitucional que
impide actividades petroleras en áreas protegidas y en territorios de
pueblos
aislados. Para hacerlo se requeriría de una autorización de la Asamblea
Nacional y eventualmente de una consulta popular. Si ese fuera el caso
habría
que trabajar desde la sociedad para garantizar que esto no suceda.
Una garantía radica en los Certificados
de
Garantía Yasuní. Se ha previsto que Ecuador venda dichos Certificados
de
Garantía Yasuní, que podrían generar entre 5.000 a 6.000 millones de
dólares.
Si Ecuador empieza con las actividades para extraer el petróleo del
ITT,
automáticamente pierde este fondo y se queda sin los ingresos que
generaría el
mismo. Ese fondo revertiría a los países, a las personas que dieron el
dinero.
Eso es una garantía.
Además, el gobierno que tome esa
desacertada
decisión deberá considerar que desde que empiezan las actividades de
exploración hasta que fluya el primer barril de petróleo pasan varios
años. En
concreto, en ese lapso Ecuador no tendría los ingresos de dicho
fideicomiso, ni
los que se generarían por la exportación de crudo.
Otra garantía: si se extrae el
petróleo, ese
petróleo extraído debería, a mi criterio, pasar a ser propiedad de las
personas
naturales y jurídicas que aportaron para financiar el fondo. Pero aquí
hay dos
problemas. Uno: el gobierno ecuatoriano puede decir “yo no estoy
exportando
este petróleo. Este petróleo, lo estoy usando adentro, el que exporto
es de
otro campo, es de empresas privadas”, por ejemplo. Puede llegarse a una
situación en la que ya no exportamos petróleo, somos importadores de
petróleo.
Entonces no habría el petróleo para embargar. Además, en Ecuador hay un
problema constitucional. Nosotros no podemos disponer de las reservas
porque el
petróleo es un bien del Estado, un recurso inembargable, inejecutable,
inalienable.
Entonces, hay que buscar un mecanismo
para que
ese crudo se quede en el subsuelo para siempre. Por eso es importante
el
compromiso de la comunidad internacional y, por cierto, de la sociedad
ecuatoriana.
Debe haber una garantía adicional.
Nosotros
proponemos una veeduría internacional para que se use adecuadamente el
dinero
obtenido, de ninguna manera para la compra de armas o para actividades
extractivas, minería por ejemplo, porque sería irracional.
¿Cómo
se podría
extender este ejemplo a los otros países del Sur?
En el convenio de Kioto, hay lo que se
llama el
anexo 1: los países ricos que tienen que bajar las emisiones – Europa,
Estados Unidos (aunque no lo haya ratificado), Japón. Luego, en el
anexo 2
están los otros países que no tienen obligaciones. Un tema pendiente
son las
responsabilidades que las economías emergentes deberán asumir, como es
el caso
de China, Brasil, Rusia, Corea del Sur, que están contaminando mucho.
Nosotros estamos planteando la
constitución del
anexo 0. Es decir países que llevan adelante enormes esfuerzos para
proteger la
atmósfera, como Ecuador al dejar el crudo en tierra en el ITT. Estos
países
deberían tener un tratamiento preferencial en términos de comercio
internacional, de finanzas internacionales.
Habría que ver cómo se da paso a una
multiplicación de este tipo de proyectos. Yo creo que es un ejercicio
muy
interesante.
¿A dónde vamos llegando con todo esto?
Claro que
puede generar algunos problemas. Por ejemplo, desde la lógica de una
persona en
la Unión Europea, ante la posibilidad de que se generalice este tipo de
proyectos, se podría preguntar ¿con qué hago funcionar mi automóvil?,
¿qué
quemó para hacer funcionar la calefacción de mi casa?, ¿quién sostiene
mi
bienestar? Aquí surge el meollo de la iniciativa ITT. No se trata sólo
de dejar
el crudo en suelo y conseguir todos los objetivos planteados
anteriormente, muy
válidos por cierto. Lo que se busca es cambiar el estilo de vida de
todos los
habitantes en el planeta. No serán necesarios tantos automóviles, se
requerirá
más transporte público, menos contaminante. Se requerirán vehículos de
transporte público que funcionan con electricidad, que no sea generada
con
petróleo, ni carbono o energía nuclear. ¿A dónde vamos llegando? A
pensar en un
mundo diferente, donde el respeto a la vida esté en el centro.
Justamente,
en los
países occidentales, hablamos del bienestar. Aquí se habla de “Sumak
Kawsay” o “Buen vivir”, conceptos que vienen principalmente
del movimiento indígena y que están reconocidos en la Constitución
ecuatoriana.
¿Puedes explicar estos conceptos y cuál es la diferencia entre
“bienestar” y “buen vivir”?
El bienestar y el buen vivir son
conceptos
diferentes. Son conceptos que merecen ser aclarados. Nosotros, en la
Constituyente de Montecristi, hace ya más de un año, discutimos estos
temas e
impulsamos cambios abriendo la puerta al debate. Del punto de partida
fue
reconocer los aportes culturales de los pueblos y nacionalidades
indígenas. En
Ecuador, los Kichwas hablan del “Sumak Kawsay”. En Bolivia, los
Aymaras hablan de “Suma Qamaña”. Son visiones del mundo que buscan
una mayor armonía del ser humano consigo mismo, del ser humano con sus
congéneres y del ser humano con la naturaleza. Esa es una visión que
surge de
estas propuestas indígenas.
Dicho lo anterior, entendamos que en la
comprensión del sentido que tiene y debe tener la vida de las personas,
en las
sociedades indígenas no existe el concepto de desarrollo. Es decir, no
hay la
concepción de un proceso lineal que establezca un estado anterior o
posterior.
No hay aquella visión de un estado de subdesarrollo a ser superado. Y
tampoco
un estado de desarrollo a ser alcanzado. No existe, como en la visión
occidental, está dicotomía que explica y diferencia gran parte de los
procesos
en marcha. Para los pueblos indígenas tampoco hay la concepción
tradicional de
pobreza asociada a la carencia de bienes materiales o de riqueza
vinculada a su
abundancia.
Desde la cosmovisión indígena el
mejoramiento
social – ¿su desarrollo? – es una categoría en permanente
construcción y reproducción. En ella está en juego la vida misma.
Siguiendo con
este planteamiento holístico, por la diversidad de elementos a los que
están
condicionadas las acciones humanas que propician el Buen Vivir, los
bienes
materiales no son los únicos determinantes. Hay otros valores en juego:
el conocimiento,
el reconocimiento social y cultural, los comportamientos éticos e
incluso
espirituales en la relación con la sociedad y la Naturaleza, los
valores
humanos, la visión de futuro, entre otros. El Buen Vivir aparece como
una
categoría en la filosofía de vida de las sociedades indígenas
ancestrales, que
va perdiendo terreno por efecto de las prácticas y mensajes de la
modernidad
occidental. Su aporte, sin embargo, sin llegar a una equivocada
idealización,
nos invita a asumir otros saberes y otras prácticas.
Pero la visión andina no es la única
fuente de
inspiración para impulsar el Buen Vivir. Incluso desde círculos de la
cultura
occidental se levantan cada vez más voces que podrían estar de alguna
manera en
sintonía con esta visión indígena y viceversa. En el mundo se
comprende,
paulatinamente, la inviabilidad global del estilo de desarrollo
dominante.
Frente a los devastadores efectos de
los cambios
climáticos, se plantean transformaciones profundas para que la
humanidad pueda
escapar con vida de los graves riesgos ecológicos y sociales en
ciernes. El
crecimiento material sin fin podría culminar en un suicidio colectivo,
tal como
parece augurar el mayor recalentamiento de la atmósfera o el deterioro
de la
capa de ozono, la pérdida de fuentes de agua dulce, la erosión de la
biodiversidad agrícola y silvestre, la degradación de suelos o la
propia
desaparición de espacios de vida de las comunidades locales…
Para empezar, el concepto mismo de
crecimiento
económico debe ser reubicado en una dimensión adecuada. Crecimiento
económico
no es sinónimo de desarrollo.
Desde esas perspectivas múltiples
planteamos la
idea del Buen Vivir o
Sumak Kawsay, como una oportunidad de ser construida. En definitiva no
hay una
definición rígida del buen vivir. La estamos construyendo en el mundo,
no sólo
en Ecuador.
Lo que si sabemos es que aquí no nos
interesa el
bienestar tradicional entendido como la acumulación de bienes
materiales.
Tampoco buscamos el bienestar dominando a la naturaleza, imponiéndonos
a nosotros
sobre la naturaleza. Esa lógica del bienestar, para nosotros, no
existe.
Entonces, aquí, incluso, tendremos que comenzar a elaborar nuevos
indicadores
para leer como avanzamos en esta idea del buen vivir.
Este
proyecto no es
la única iniciativa a nivel internacional que tomó el gobierno de
Correa sino
que es parte de una multitud de medidas para luchar contra la pobreza,
el
cambio climático y para intentar cambiar el sistema de desarrollo.
¿Cuáles son
estas otras medidas?
Ecuador ha asumido un liderazgo
internacional en
varios temas, muchos de ellos relacionados con la soberanía. Somos, por
ejemplo, un territorio de paz, sin bases militares extranjeras. Hemos
promovido
una agenda de visibilización de las deudas ilegítimas. Desconocimos al
CIADI, aquel
sistema de arbitraje dependiente del Banco Mundial, como instancia de
arbitraje
internacional que protege a las inversiones de las transnacionales.
Hemos sido
importantes promotores de una nueva integración regional.
Somos pioneros en el reconocimiento de
los
derechos de la naturaleza.
Ha habido otras señales muy
importantes. Por
ejemplo, en la OPEP el presidente Correan planteó la necesidad de
introducir un
impuesto a cada barril de petróleo que salga del subsuelo. Eso ya lo
había
propuesto conceptualmente Herman Daly, un economi
sta ecológico que trabajó muchos años
en el Banco
Mundial. Correa tuvo el mérito de plantearlo políticamente.
Lamentablemente,
hasta ahora ha quedado como una propuesta interesante y no ha
prosperado. Este
impuesto permitiría tener un fondo al nivel mundial para financiar el
uso de
energías alternativas, renovables, para transitar hacia una economía
pos-petrolera, indispensable en el planeta. Recordemos que ese es uno
de los
objetivos del proyecto ITT: caminar hacia una economía post-petrolera,
una
economía que no dependa tanto del petróleo.
Y luego también, el gobierno del
presidente
Correa está apoyando la iniciativa del Banco del Sur, del fondo de
reservas
latinoamericano relacionado con el SUCRE (Sistema Único de Compensación
Regional).
Apoyó también la iniciativa del Tribunal Internacional de Arbitraje de
Deuda
Soberana. Sintentizando, estos esfuerzos son el resultado de las luchas
de
resistencia y de construcción colectiva desde la sociedad ecuatoriana.
Se
avanza en algunos aspectos. El gobierno, recogiendo esas iniciativas
colectivas, abre puertas, pero por igual hay que lamentar que este
mismo
gobierno es incapaz de abrir el debate sobre el futuro de la economía
extractivista, que al parecer se reproduciría si se sostiene la
posibilidad
para inversiones en el ámbito de la minería metálica a gran escala y a
cielo
abierto, tal como plantea la ley de minería aprobada a inicios de este
año
[2009] por parte del mismo gobierno que alienta la iniciativa ITT.
Entrevista
realizada por
Matthieu Le Quang, Candidato al doctorado en ciencia
política en el Instituto de Estudios Políticos de Aix-en-Provence.
Investigador
asociado a la FLACSO.
Documental sobre el proyecto, http://www.youtube.com/watch?v=LOO5Kie6eEY&feature=player_embedded
