Inteligencia estratégica y petróleo en la Amazonia
01-02-10 Por Pablo Cingolani
El tema de la exploración y la explotación petrolera en la Amazonía
debía y debe ser analizado con mucha calma y con mucho conocimiento en
la materia, y debía y debe ser debatido a fondo con las comunidades
locales que son y serán los directos afectados de una actividad que
todos sabemos o deberíamos saber los impactos negativos y los estragos
ambientales y sociales que causa.
El martes 12 de enero de 2010, el ministro de defensa del Estado
Plurinacional boliviano, Walker San Miguel, presentó el proyecto de
creación de una Dirección de Inteligencia del Estado Plurinacional
(DIDEP), que no sólo centralizaría las labores enunciadas en el nombre
del futuro despacho, sino que “incorpora el concepto de un trabajo
estratégico para asesorar al presidente Evo Morales en la toma de
decisiones”, según la noticia aparecida en el matutino La Prensa, el 15
de enero.
En el mismo periódico, se informa que “además del trabajo especializado
realizado tradicionalmente por militares y policías, la DIDEP contará
con el aporte de cinco ministerios para la llamada “inteligencia
estratégica”, que se nutrirá con la información ofrecida por los
despachos de Relaciones Exteriores, Economía, Autonomía, Planificación
del Desarrollo y el de Lucha Contra la Corrupción”. La Dirección
analizará los componentes geográfico, económico, político, psicosocial,
científico tecnológico, transportes y telecomunicaciones para la toma
de decisiones estratégicas.
Finalmente, La Prensa agrega que “El ministro de Defensa, Walker San
Miguel, explicó que con la inteligencia estratégica se establecerá, por
ejemplo, si en una determinada región es factible ejecutar proyectos
petroleros o si es adecuado firmar convenios con las empresas
contratistas para evitar pérdidas económicas al Estado”. Ante esta
declaración, uno no puede dejar de referirse al conflicto por la
exploración petrolera desatado desde el año pasado por el propio
gobierno y que lo enfrenta con comunidades indígenas en la región de
Alto Beni, al Norte del Departamento de La Paz. Es más, si bien San
Miguel no aludió al problema, no es difícil imaginar que la
parafernalia de inteligencia a crearse y esa aplicación práctica en la
toma de decisiones estatales, no responde de manera directa al referido
conflicto, dadas sus lamentables implicancias y sus más lamentables
consecuencias de seguir siendo ejecutado como lo fue hasta ahora,
conducido por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía y ejecutado por
las empresas Petroandina y Geokinetics, estatal boliviana-venezolana y
trasnacional norteamericana, respectivamente.
Esto lo dijimos mil veces a lo largo del ya acabado 2009: el tema de la
exploración y la explotación petrolera en la Amazonía debía y debe ser
analizado con mucha calma y con mucho conocimiento en la materia, y
debía y debe ser debatido a fondo con las comunidades locales que son y
serán los directos afectados de una actividad que todos sabemos o
deberíamos saber los impactos negativos y los estragos ambientales y
sociales que causa.
El fervor petrolero del gobierno nunca se detuvo a escucharnos y, al
margen de las acusaciones sin sentido que recibimos, queremos creer que
este nuevo sistema de inteligencia estratégica presentado por San
Miguel servirá para que ese análisis y ese debate reclamado hasta el
cansancio, pueden encontrar un escenario de desenvolvimiento y un
ámbito de expresión.
Yendo al meollo de la cuestión, ese análisis y ese debate debería
evaluar y considerar que a la verificación/ cuantificación y estudio de
las supuestas reservas petroleras en el Norte del Departamento de La
Paz, ya realizadas por Geokinetics y de continuar éstas por decisión
gubernamental, debería empezar ya y acompañarlo un proceso de
verificación/cuantificación y centralización de los estudios e
información de la biodiversidad existente (especialmente referido al
potencial ecoturístico, forestal y agroecológico) para su
aprovechamiento sostenible en las mismas regiones.
La antedicha sería una versión soberana y digna, una versión ajustada a
las necesidades reales de la gente, del ecosistema y del país, de ese
“caminar con dos pies” que explicó el vicepresidente García Linera en
una entrevista aparecida en Le Monde Diplomatique en agosto del año
pasado.
Partiendo del principio de reconocer que Bolivia tiene que ejercer su
derecho soberano a saber con qué cantidad y calidad de recursos
naturales renovables y no renovables cuenta, se plantea no leer de
manera unilateral, impositiva y en una sola dirección la problemática
del desarrollo y la generación de ingresos para el Estado y la
población. Más si trata del ámbito de un gobierno que ha hecho de la
defensa de los Derechos de la Madre Tierra y de los Derechos de los
Pueblos Indígenas, una bandera que brilla en el escenario mundial. Nos
preguntamos por ello, si éste gobierno no reivindica el derecho de los
indígenas a su propio modo de producción y a su propio modo de generar
ingresos; si no se reivindica y se intenta el fortalecimiento de una
vía económica alternativa al capitalismo depredador para espacios tan
sensibles como el amazónico donde la preservación de la naturaleza es
prioridad; si no se busca generar toma de conciencia y compromiso con
relación a estos temas tan críticos, ¿quién lo hará? Suponemos que la
DIDEP tomará en cuenta estas visiones.
El gobierno declaró que el 23 de enero próximo, hará anuncios sobre los
resultados de los trabajos sísmicos que efectuaron los yanquis de la
Geokinetics. Aquí, desde el vamos, se plantea la efectividad o no de la
llamada “inteligencia estratégica” del Estado y del gobierno.
Si las supuestas reservas petroleras estudiadas no fueran relevantes,
el gobierno sería deseable redoble los esfuerzos para apoyar la
protección de la biodiversidad y su aprovechamiento sostenible por
parte de las comunidades indígenas y campesinas agroecológicas, como la
vía de desarrollo ineludible para el Norte del Departamento de La Paz.
Es decir, si no hay petróleo, el gobierno no debería olvidarse del
Norte Amazónico paceño, levantar los campamentos y retirarse de una de
las regiones más postergadas y olvidadas del país.
Si no hay petróleo, debería empeñarse en la otra vía de promoción
económica, y elaborar e implementar un plan estratégico para ello,
poniendo en el centro de sus objetivos, insistimos, el fortalecimiento
de las comunidades indígenas originarias.
Los hermanos Mosetenes se merecen algo más que las promesas de aulas y
sedes sociales hechas por los funcionarios de Petroandina y que ni
siquiera han cumplido. Los hermanos Mosetenes, como el pueblo Chimán,
los Lecos de Apolo y de Larecaja, los Josesanos, los Tacana, la
comunidad Ese Ejja de Eyiyoquibo, y todos los que son o serían
afectados de proseguir la actividad petrolera, se merecen, ante todo,
respeto y dignidad. Un plan integral que considero eso como lo
prioritario será la única manera efectiva de mejorar sus condiciones de
existencia y su supervivencia como pueblos.
Si hubiese petróleo, la DIPEP podría también probar su accionar
verdaderamente estratégico y proponer al gobierno iniciar negociaciones
internacionales en el marco de la Iniciativa Yasuní-ITT presentada en
la ONU por el Presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa,
para dejar el crudo bajo tierra a cambio de apoyo financiero a las
visiones y acciones en torno a un desarrollo no destructivo. Esta
propuesta ya fue llamada a debate por el propio Presidente Evo Morales.
Si este punto generase controversia, se podría llevar a cabo un
referéndum departamental para dirimirlo. www.ecoportal.net
Río Abajo, 15 de enero de 2010
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