El pasado jueves 15 de diciembre de 2011 la Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción a la llamada “ley antiterrorista”.

Varias organizaciones estábamos alertando a través de una carta pública sobre los riesgos a que expondrían a los luchadores sociales de votarse esta ley que había sido ingresada al Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo Nacional el pasado 14 de octubre de 2011.

La inclusión de este proyecto en el temario de las sesiones extraordinarias, menos de dos meses de su presentación al Congreso, evidencia la falta tiempo para debatir y estudiar sobre el tema, que han tenido los Diputados Nacionales que votaron una ley de tal envergadura y con implicancias que repercutirán por muchos años en el caso que llegue a tener la sanción el próximo miércoles en la Cámara de Senadores.

Llamamos la atención sobre un hecho grave que ha sucedido apenas un día después de la media sanción de la ley antiterrorista y es la aparición de una lista negra creada por la empresa Osisko Mining Corporation, donde se identifican detallando, datos personales, profesión, etc. de integrantes de estas asambleas y ciudadanos comunes, como así también, funcionarios. Con esto alertamos sobre la existencia de listas negras en y solicitamos a las autoridades nacionales tener absoluto cuidado al momento de legislar porque estos tipos penales abiertos como el del proyecto de ley antiterrorista pueden servir a intereses cuya existencia es real y palpable. Las transnacionales mineras buscan realizar sus megaemprendimientos a pesar de que la población se oponga, y en el caso de Famatina/Chilecito o Andalgalá, solo por citar dos ejemplos, esta ley podrá ser utilizada para criminalizar a quienes se oponen a los intereses de las transnacionales.

Este es sólo un caso concreto que puede dar cuenta del riesgo potencial de una legislación represiva y vaga como el proyecto de ley antiterrorista. [Ver: http://www.miradorfm.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=1391&catid=36&Itemid=134]

Es por esto que solicitamos a organizaciones, asambleas, personalidades, autoconvocados, universidades, colectivos y todas las agrupaciones que se opongan a este proyecto de ley a enviar a nuestros senadores sus preocupaciones de manera tal que puedan visualizar al menos, nuestro total desacuerdo con la eventual sanción de este proyecto de ley antiterrorista.

A continuación les dejamos el texto sugerido:

Senador

Pedro Guastavino

Presidente de la Comisión de Justicia

Senadores miembros de la Comisión de Justicia

del Honorable Senado de la Nación.

S          /           D

Tengo el agrado de dirigirme a usted en representación del colectivo/movimiento/ con el propósito de hacerle llegar la preocupación de nuestro (organización, asamblea, colectivo, etc) por la media sanción del proyecto de ley antiterrorista, recientemente aprobado por la Honorable Cámara de Diputados.

La creación de un agravante genérico caracterizado por su alta imprecisión y de aplicación a todos los delitos del código penal, definen al proyecto de ley antiterrorista por su alto contenido represivo y crean severos riesgos de criminalización y persecución de dirigente, luchadores y militantes sociales en todo el país.

En otros países de América Latina la aplicación de legislación antiterrorista está siendo utilizado en este sentido y las consecuencias de su aplicación ya ha generado un sinnúmero de detenidos y procesados que culminan condenados por terrorismo cuando en realidad están reivindicando sus derechos esenciales como el acceso a la tierra y la defensa del territorio. La persecución contra el pueblo Mapuche en Chile y contra comunidades indígenas en Ecuador son ejemplos significativos.

Las organizaciones sociales y de derechos humanos, destacadas personalidades comprometidas con la democracia e importantes juristas de nuestro país están llamando la atención sobre el contenido represivo de este proyecto, pero aún no han sido escuchadas ni incluidas a participar de este complejo y delicado debate.

Atento esta situación le solicitamos evalúe convocar a las diferentes organizaciones sociales y juristas firmantes de la Carta Pública para que en el marco del tratamiento parlamentario expresen su opinión al respecto. A tal efecto, acompañamos a la presente la Carta Pública de oposición a este proyecto firmada por más de 70 organizaciones de todo el país que se oponen a este proyecto de ley.

Sin otro particular le saluda atte.