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ECUADOR
miércoles 14 de julio de 2010
Ley de hidrocarburos de correa es inconstitucional, antinacional y
privatizadora
Fernando Villavicencio (ECUADOR NOTICIAS)
El proyecto de Ley de Hidrocarburos, presentado por el Presidente Rafael
Correa, a la Asamblea Nacional, con el carácter de económico urgente, es
inconstitucional, extractivista y antinacional, y está orientado a tapar
el déficit fiscal creado por un irresponsable manejo económico del país,
entregando sin licitación el patrimonio petrolero de Petroecuador a
empresas estatales y mixtas, de los países amigos del socialismo del
siglo 21.
La reforma al Art. 6, otorga nuevas responsabilidades al Ministerio de
Recursos Naturales, como las de adjudicar, suscribir y caducar los
diversos contratos petroleros, a través de la Secretaría de
Hidrocarburos, vulnerando lo establecido en los artículos 313, 315, 316
y 317, de la Constitución de Montecristi, en los cuales, en ninguna
parte consta tales facultades. La Secretaría de Hidrocarburos se
convertirá en una SUPER dependencia de la Presidencia de la República,
para adjudicar a dedo los contratos en todas las fases de la industria
petrolera, a compañías de los países de la órbita del régimen: China,
Venezuela, Rusia, Irán, Brasil.
El Art 1 del Proyecto que sustituye el primer inciso del Art. 2 de la
Ley de Hidrocarburos, ratifica la vigencia de los “ogros y leoninos”
contratos de participación y prestación de servicios, para la
exploración y explotación de hidrocarburos; es decir, más de tres años
de alharaca y estigmatización de los referidos modelos contractuales,
para honrarlos y ratificarlos.
El Art 16 del Proyecto, crea los contratos de prestación de servicios
para la exploración y/o explotación de hidrocarburos, los que podrán ser
suscritos por personas jurídicas nacionales o extranjeras, y por su
actividad recibirán una tarifa que incluya amortización de las
inversiones, costos y gastos, utilidad razonable y el supuesto riesgo en
que ha incurrido la contratista. Estos contratos, así como los de Obras,
Bienes y Servicios, serán adjudicados directamente, según establece la
reforma al Art. 19, cuando se trate de empresas estatales o mixtas de
los países de la llamada “comunidad internacional”, o sea los amigos del
socialismo del siglo 21.
En el mismo artículo 16 al permitírsele a la contratista comprar la
producción del área, se contradice groseramente los postulados y
argumentos para el cambiado de modalidad contractual, planteados por el
Presidente, como es el hecho de que el petróleo pase a ser de propiedad
del Estado y sirva esencialmente para los procesos de industrialización
y cobertura de la demanda interna de derivados. Además otorga un doble
poder a las compañías: explotar y comercializar el hidrocarburo,
restándole otra facultad al Estado.
Ni los gobiernos de la larga noche neoliberal, tuvieron la insensatez y
el alcance antinacional, del actual régimen, aunque lo intentaron, no
lograron separar las dos fases del proceso extractivo: la exploración
(riesgo) de la explotación, por ello es que durante 25 años no se
permitió la privatización de los campos llamados Joyas de la Corona, al
capital extranjero, pues el Art 2, habla de contratos de EXPLORACION Y
EXPLOTACION. Con la reforma de Correa, todos los campos en producción,
operados por Petroecuador o Petroamazonas, y en los cuales no existe
ningún riesgo exploratorio, podrán ser entregados a cualquier empresa
nacional o extranjera; y a dedo, si las empresas pertenecen a la órbita
geopolítica del “Consenso de Correa”. El antecedente claro fue la
entrega del Campo Sacha.
La primera disposición transitoria, dispone que en un plazo de 120 días,
todos los contratos de Participación y Prestación de Servicios, se
cambien a contratos de prestación de servicios para la exploración y/o
explotación, definidos en el Art. 16. Esta es una flagrante
contradicción con el Art, 2 del proyecto que reconoce y ratifica la
vigencia de los contratos de Participación y Prestación de Servicios. La
misma transitoria establece que si las compañías se resisten al cambio,
la Secretaría de Hidrocarburos declarará la terminación unilateral de
los contratos y procederá a indemnizar a las compañías. ¿Cómo el Estado
puede obligar a una compañía a abandonar un modelo contractual que la
legislación reconoce su validez? Resulta irresponsable que el Gobierno
plantee la indemnización de las compañías, cuando la mayoría de los
contratos están por fenecer el 2010 y el 2012, se trataría de entregar
en bandeja de plata, armas a las compañías, para que formulen
millonarias demandas ante el CIADI.
El Art. 2 del Proyecto, que reforma el Art. 3 de la Ley de
Hidrocarburos, establece que “La Secretaría de Hidrocarburos podrá
delegar las actividades de transporte de hidrocarburos por oleoductos,
poliductos y gasoductos, su refinación e industrialización”, que
actualmente las realiza Petroecuador y Petroamazonas, a: “…empresas
nacionales o extranjeras de reconocida competencia en esas actividades”.
Según el Art. 313 de la Constitución, son sectores estratégicos: la
energía en todas sus formas, los recursos no renovables, el transporte y
la refinación de hidrocarburos, los que serán de decisión y control
exclusivo del Estado. El Art. 316 de la Constitución, establece que se
podrá delegar la participación a empresas mixtas, siempre y cuando
convenga al interés nacional. Delegar la participación no significa
delegar las actividades y la operación de las áreas actualmente
manejadas por Petroecuador o Petroamazonas. La reforma gubernamental
pretende entregar estos sectores estratégicos: el SOTE, los oleoductos
secundarios, el sistema de transporte de poliductos, gasoductos y
terminales, así como las refinerías, negocios altamente rentables, al
capital extranjero, vía delegación, lo cual no está permitido por la
Constitución.
El segundo inciso del Art 316 de la Constitución permite delegar a la
iniciativa privada, de forma excepcional, y la excepcionalidad, para
cualquier ciudadano sensato, consiste en el riesgo exploratorio o en
proyectos nuevos, en los cuales el Estado no cuente con recursos
económicos propios o requiera asociarse para obtener fortalezas
tecnológicas. ¿Dónde está el riesgo, en la operación de las áreas
descritas? Se trata de entregar a manos lavadas los bienes patrimoniales
del pueblo.
Por disposición constitucional, la actividad de control no pueden estar
subordinada al ente gubernamental de regulación, que es el Ministerio
del Ramo, el control debe gozar de autonomía, especialización,
independencia y participación social, por lo que, delegar esas
actividades a la nueva Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos,
que reemplaza a la DNH, adscrita al Ministerio de Recursos Naturales, es
inconstitucional y antidemocrático, que busca perpetuar la corrupción e
impunidad del sector petrolero. De acuerdo con la Constitución debe
conformarse la Superintendencia de Hidrocarburos y Medio Ambiente, como
organismo autónomo, independiente del Ministerio, con capacidad técnica
especializada, para el control y la fiscalización de las actividades del
sector.
Cuando se inauguró el mini boom petrolero, en la década del setenta, el
país contaba con 8 mil 084 millones de barriles de reservas probadas,
cuarenta años después, las reservas remanentes de crudo comercialmente
explotables, se han reducido a 3 mil 407 millones de barriles,
incluyendo el ITT.
En cuarenta años, se han extraído aproximadamente 4 mil 677 millones de
barriles, que a un precio promedio de 30 U$/BL, representa más de 140
mil millones de dólares. Solamente por exportaciones de crudo, según
cifras oficiales, desde 1972 hasta diciembre del 2009, la caja fiscal
obtuvo 77 mil 568 millones de dólares; para el referido año, la
exportación de petróleo representó un 33% del Presupuesto del Estado y
un 13.9% del PIB. Las compañías extranjeras, solo entre el año 2000 y el
2008, obtuvieron 20 mil 096 millones de dólares, por exportaciones de crudo.
Las reservas probadas de crudos pesados, de los bloques y campos
actualmente operados por las compañías extranjeras, a través de
contratos de Participación y Prestación de Servicios, están en el orden
de 251 millones 333 mil barriles, que a un promedio de extracción de 87
millones de barriles por año, las mismas se agotarían en tres años. Es
decir, las compañías habrán consumido completamente las reservas al
finalizar sus períodos contractuales. La mayoría de contratos
significativos vencen entre el 2010 y el 2012, por lo que resulta
desacertado ampliar los plazos, o peor aún, anunciar expropiaciones, si
las empresas no se someten al nuevo modelo contractual propuesto por el
régimen. Las compañías se irán del país sin pagar los enormes pasivos
ambientales. Por ello el Estado debe disponer inmediatamente la
realización de auditorías económicas, operativas y ambientales.
Si para el 2014 se agotan las reservas probadas de crudo pesado de los
bloques operados por las compañías extranjeras, y, frente a la
imposibilidad legal de explotar el ITT, ¿cuál es el petróleo pesado que
aportará el Ecuador para la Refinería del Pacífico, planta con capacidad
de 300 mil barriles día de crudo pesado? ¿O es que estamos financiando
el 51% de U$ 12.500 millones, para que refinen su petróleo los
venezolanos? No era el objetivo del régimen ahorrarle al país U$ 3 mil
millones anuales y dejar de ser importadores de combustibles. La verdad
es que nos vamos a convertir en importadores de petróleo caro de
Venezuela. ¿Dónde está el ahorro?
El modelo que viene aplicando el gobierno, se presenta como de economía
mixta y de alianzas estratégicas entre empresas estatales, pero
reducidas jurídicamente a las reglas de las relaciones privadas, como es
el caso de las compañías: “Rio Napo” y “Petrosinopec”, para la
“delegación” de áreas y negocios, altamente rentables del Estado.
Situación similar ocurre en el comercio externo de crudo y derivados,
donde las empresas estatales de los países amigos, prestan su rostro,
para que poderosos traders monopolicen unos de los negocios más
lucrativos y especulativos del mercado. Es el caso de las alianzas
estratégicas con PDVSA, ANCAP, PETROCHINA.
En el caso del campo Sacha entregado directamente a la empresa mixta Río
Napo, desde noviembre del año 2009, no se ha cumplido con las ofertas de
incrementar la producción, ni siquiera con la curva base inicial de 51
mil 600 barriles día. Entre noviembre del 2009 y abril del 2010, según
reportes de Petroecuador, la producción estuvo por debajo de la curva
base. En el contrato modificatorio suscrito en diciembre de 2010, debido
a la presión pública, se redujo el costo de operación de la curva base
de 7,81 U$/BL, a 5,41 U$/BL, pero, en la práctica, el costo operativo de
la producción base se incrementó de U$ 99 millones el 2009 a U$ 131
millones el 2010, un saldo negativo de U$ 30 millones para el país. Cada
nuevo barril de petróleo explotado por la venezolana “Río Napo” le
cuesta al país 15 dólares el barril, mientras a Petroecuador le cuesta 5
dólares el barril.
La irresponsabilidad del Estado ecuatoriano, al no haber construido a
tiempo refinerías de alta conversión o modificado las actuales para un
crudo mezcla (24º API), le ha significado incalculables pérdidas
económicas al país. Esta realidad benefició a corporaciones
intermediarias, vinculadas a grupos nacionales de presión, que, han
manejado el mercado de exportación e importación, a su antojo,
estableciendo diferenciales (castigos) arbitrarios e irracionales, como
dejan ver las cifras del Banco Central: diferenciales que oscilan entre
14 y 23 dólares por barril, desde el año 2005 hasta el 2009.
Partiendo de la información del Banco Central, los inexplicables
castigos del año 2008, representan un promedio de 16 y 17 U$/BL, para
los crudos Oriente y Napo, respectivamente. Si gran parte de esos crudos
no fueron a la Costa del Golfo, sino que al ser adjudicados directamente
a PDVSA, debieron tener como destino exclusivo las refinerías de
Venezuela, ¿por qué los diferenciales fueron tan altos? La realidad del
mercado, induce a pensar en un perjuicio del orden de 10 U$/BL, que
multiplicados por 80 millones de barriles exportados, deja un saldo
negativo, alarmante de 800 millones de dólares. La situación no fue
distinta el 2007 y el 2009. Entre los años 2007, 2008 y 2009,el país
perdió más de 1.500 millones de dólares. Esto se verifica, cuando
Petroecuador realiza ventas spot, los diferenciales se reducen
sustancialmente, por ejemplo en diciembre de 2009, cuando se hizo
licitación, el diferencial cayó a 5 U$/BL.
El Estado no puede ceder la soberanía del comercio exterior de su crudo
y derivados a otros estados o empresas estatales, como se ha venido
realizando en el gobierno de Rafael Correa, con los denominados “canjes
de crudo por derivados” suscritos con PDVSA de Venezuela y ANCAP de
Uruguay; porque, como se ha evidenciado públicamente, tras de esas
empresas estatales, estaría un “conocido trader privado”.
En el actual período, no se han dado procesos de nacionalización. Los
cambios acelerados que se han venido dando en el sector petrolero, al
margen de la Ley, se refleja en el tiempo acelerado de la declaración de
estados de emergencia continua, para acelerar la toma de decisiones y
pasar por alto los controles. Se trata de transferir rápidamente renta
petrolera de unas manos a otras, de unos estados a otros, y a una cadena
de grupos empresariales intermediarios, contando para ello, con el
paraguas de las alianzas estratégicas y las empresas mixtas, que cumplen
el rol de máscaras de capitales transnacionales, especialmente chinos,
brasileros, coreanos, venezolanos, iraníes o rusos.
El año 2009, las exportaciones de hidrocarburos generaron un ingreso de
U$ 5.131’249.105,03, mientras que la importación de derivados para el
consumo interno representó un egreso de 2.475’837.286,58. Es decir que
el Estado ecuatoriano, el año anterior, obtuvo un ingreso neto, apenas
de U$ 2.655’441.814,45. El subsidio en la venta de los combustibles
importados, para el 2009 correspondió a U$ 1.553.120.103,56.
Pese a contar con enormes volúmenes de residuo en la refinería
Esmeraldas, el gobierno ha continuado estimulando la instalación de
plantas térmicas a diesel, cuyo costo en el mercado es de 76,05 U$/BL,
cuando podía haberse dispuesto el uso de residuo barato. La demanda
interna de diesel creció significativamente, el año 2008 la importación
fue de 11.1 millones de barriles, el año 2009 subió a 14.5 millones de
barriles, con un costo para el estado de U$ 1 mil 100 millones. Los
principales beneficiarios de esta política fueron los traders
importadores de diesel.
Considerando que es fundamental alcanzar mayor rendimientos en las
refinerías, en especial la Refinería Estatal Esmeraldas, que representa
el 64 % del volumen de crudo oriente procesado, se debía enviar una
mezcla de crudo de 27ºAPI, con lo cual se mejoraría la generación de
productos limpios, menos residuos, se reduciría la importación de
derivados, incluyendo cutter stock para las mezclas, y se aumentaría la
vida útil de la planta.
El mercado interno de derivados está dominado por el capital privado,
especialmente extranjero. El 99% de la comercialización y distribución
de Gas Licuado de Petróleo GLP, lo realizan compañías privadas,
especialmente: REPSOL-DURAGAS, AGIP, y CONGAS. Petroecuador, dejó pudrir
su infraestructura nacional, capaz de cubrir por sí sola, el 80% de la
demanda. Petroecuador ocasionalmente envasa GLP en Esmeraldas y
Shushufindi, las demás plantas están abandonadas o fueron desmontadas.
Igualmente, en el caso de las gasolinas, diesel y lubricantes, la
presencia de Petroecuador es irrelevante, de un registro cercano a las
600 estaciones de despacho, apenas cuenta con tres gasolineras propias:
Quito, Guayaquil y Galápagos, pese a ser uno de los negocios de más alta
rentabilidad, con un margen de utilidad del 18%. El negocio de la
comercialización de combustibles lo maneja un puñado de compañías
privadas, la mayoría transnacionales.
La cadena de comercialización y distribución de combustibles en el país,
es un espejo de las inequidades económicas, en las cuales se refleja la
trágica realidad nacional: “las pérdidas se socializan y las ganancias
se privatizan”. El Estado en nombre de los pobres y grupos vulnerables,
es quien importa el 80% del GLP a 12 U$ el cilindro de 15 kilos y lo
vende a 1,60 U$, mientras en la Amazonía los mecheros encienden el
despilfarro, la gran industria, el comercio y los sectores
privilegiados, aplauden el subsidio, los empobrecidos del sector rural,
adquieren un cilindro a 5 u 8 dólares.
Ecuador tiene que iluminar su destino post petrolero valorando lo que la
naturaleza le ha regalado: su maravillosa diversidad cultural, su
biodiversidad, especialmente la amazónica y los talentos de su gente. El
poco petróleo que nos queda debe constituirse en la semilla para la
siembra de un nuevo sentido de vida, de un nuevo modelo de desarrollo,
basado en el disfrute de sus paisajes, ríos, lagunas, en la armonía
natural y social que representa.´
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