viernes 5 de marzo de 2010
Malvinas y petróleo: Antecedentes y perspectivas de una agresión
neocolonial
Sebastián Zurutuza (INFOSUR)
Este informe especial de InfoSUR, da cuenta de la situación actual por
Malvinas y repasa la política menemista hacia las islas, que desemboca
en la situación actual. Además se incluye en 2 partes, el condensado
documental "Pampa Sumergida" que analiza el alcance geostratégico de la
disputa por la soberanía en el Atlántico Sur.
El atropello que el Reino Unido está llevando contra la soberanía
argentina en las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur no es
peregrino ni aislado. Esta vez, la agresión radica en la instalación de
la plataforma petrolera Ocean Guardian en el área norte de Malvinas a
cargo de la empresa británica Desire Petroleum. El objetivo: comenzar
la fase de exploración y posterior extracción de hidrocarburos, en caso
de que efectivamente se encuentren yacimientos. Debemos considerar que
esto es parte de una “gran estrategia” que lleva años desarrollándose y
cuyo objetivo es apoderarse de posibles e inmensas fuentes de recursos
naturales a lo largo del corredor atlántico
Históricamente, y más aún desde la usurpación de 1833, el Reino Unido
puso mayor atención sobre las islas como territorios de ultramar con un
alto valor geoestratégico: soporte de la presencia colonial en el
Atlántico Sur y plataforma de proyección de poder hacia la Antártida y
el Pacífico a través de los pasos oceánicos. El interés de Londres se
traduce en aspectos políticos, económicos y militares en torno a la
también histórica geopolítica británica: el dominio oceánico y sus
potencialidades.
Desde que derrotó a la potente Armada Española en el siglo XVII,
Inglaterra desarrolló una “conciencia” marítima que estaba latente y
que mantiene hasta hoy. La voluntad expansionista imperial, esa
conciencia marítima y el condicionamiento de la coyuntura internacional
nos colocan ante esta nueva y prepotente acción británica contra
nuestra soberanía.
Escenario internacional Los recursos estratégicos no renovables se
tornan escasos por el aumento de la demanda global de las naciones
desarrolladas y de las que están creciendo. Alimentos, hidrocarburos y
minerales suben sus precios –más allá de la baja temporal por la
reciente crisis mundial especulativa- y vemos como se recomponen día a
día, pese a las fluctuaciones que puedan presentar. Observamos un mundo
en el cual los conflictos, crisis y guerras serán básicamente por los
recursos. Las nuevas “líneas de fractura” no pasarán tanto por
cuestiones limítrofes, ideológicas, culturales o “humanitarias”, que
suenan como buenas excusas para ocultar la causa real: la necesidad de
los países más fuertes de apoderarse de los ricos recursos de los más
débiles. Un nuevo capítulo en la vieja historia del imperialismo y el
colonialismo.
Estamos en un escenario signado por la competencia violenta, la
supervivencia y la incertidumbre. El “momento multipolar” que se está
generando a causa de la pérdida gradual de hegemonía de las potencias
tradicionales (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, etc.)
nos muestra a otros actores con proyección global y regional (China,
Rusia, India, Brasil) e incluso a algunos que desafían el mandato
angloamericano (Irán, Venezuela, Corea del Norte, Bielorusia, etc.)
junto a actores supranacionales (bloques de poder regional) y
subnacionales (grupos de resistencia político-sociales) que
reconfiguran todo el sistema.
Por ello, las potencias tradicionales intentan asegurarse las fuentes
de energía que se encuentran en territorios susceptibles de su
influencia, intervención y/o control, y que necesitan para mantener su
hegemonía: el Golfo Pérsico, sur de Asia Central, América Latina y el
Atlántico Sudoccidental. Lo vimos con las “guerras por los recursos”
desatadas desde los tempranos ´90 por parte de Estados Unidos y sus
aliados en Medio Oriente y acentuadas a partir del 11-S, incluyendo la
intervención en América Latina, como ocurrió en Venezuela –enclave
hidrocarburífero- en abril del 2002.
Pero esas potencias también encuentran “obstáculos” para desarrollar su
estrategia: estados más débiles que defienden lo suyo como pueden
(guerra asimétrica), grupos de resistencia locales, gobiernos poco
dispuestos a entregar su patrimonio y territorios bajo disputa por
soberanía, como en el caso de Malvinas.
Una política fallida y una agresión sostenida Con la llegada de Carlos
Menem a la presidencia, la política en torno a Malvinas fue reactivada
mediante las Declaraciones de Madrid (1989/1990). Estos acuerdos
buscaban el reestablecimiento de las relaciones bilaterales, rotas por
la guerra de 1982 y poder avanzar en temas “prácticos” del Atlántico
Sur (explotación de recursos, seguridad militar, comunicaciones) La
idea era generar un supuesto clima de confianza para tratar el tema de
fondo: la disputa de la soberanía, “de cara al futuro” según el mismo
Menem. La Declaración de 1989 incluía la fórmula de soberanía o
“paraguas”. Este artificio jurídico salvaguardaba –y aislaba- el
reclamo argentino de esos temas prácticos y accesorios en la zona
disputada. Y, lógicamente, generó el congelamiento indefinido de la
negociación bilateral por la soberanía, que quedaba al margen de
cualquier otro tema contingente.
Gran Bretaña salió favorecida, ya que contaba con el dominio efectivo
del territorio. La crudeza del hecho consumado hacía pedazos la
“salvaguarda” de los derechos argentinos y sacaba de la escena a la
cuestión principal: resolver el tema de la soberanía.
¿Por qué el menemismo promovió esta política? Negocios. La Rosada
buscaba insertarse en los flujos financieros globales y acceder a
créditos e inversiones para solventar el programa menemista. Y esto no
era posible sin reestablecer las relaciones con una potencia
euro-occidental, principal aliada de Estados Unidos y miembro de la
OTAN. Para el gobierno, la cuestión de la soberanía podía esperar.
Ahora había que conseguir inversiones, brindar “seguridad jurídica”
–las Declaraciones de Madrid mencionan acuerdos de protección mutua de
inversiones- y cuadrarse en el Nuevo Orden neoliberal timoneado por
Estados Unidos y sus aliados. Al poco tiempo, el ex Canciller Guido Di
Tella lanzaría su “política de seducción” hacia los isleños.
Esta conducta demostró la sumisión y debilidad que Londres necesitaba
para avanzar la Resolución de la Asamblea General de la ONU 31/49
(XXXI) que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones
unilaterales en la situación. La instalación de la plataforma Ocean
Guardian es un claro efecto, junto a la otorgación de licencias a las
empresas Falkland Oil and Gas Limited (FOGL), Rockhopper Exploration y
Borders & Southern Petroleum para explorar y extraer recursos a la
sombra del hecho consumado.
En este panorama hay que destacar la cuestión militar. La base conjunta
de Puerto Argentino transformó a las islas en una verdadera fortaleza
equipada con dispositivos de defensa de alta performance: fragatas
misilísticas, defensas antiaéreas de medio y corto alcance, aviones
caza de última generación, más de 1500 efectivos con actualización
constante del material. Y un doble objetivo: fortalecer la presencia
militar en las islas y las aguas circundantes, y proyectar poder sobre
el Atlántico Sudoccidental, como lo prueba un informe presentado por el
Subcomité de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo (2009).
Detrás de esto está el reaseguro de las posibles reservas de
hidrocarburos y demás recursos estratégicos. El fantasma guerrerista
sobrevoló a través de las declaraciones de Gordon Brown, deseando “que
la disputa no escale al nivel de una confrontación militar”.
Las Malvinas han sido re-jerarquizadas en el pensamiento geoestratégico
inglés. En 2009 Londres presentó ante la ONU la ampliación de la
plataforma continental submarina de las islas, conforme a la Convención
Internacional de los Derechos del Mar (CONVEMAR) que si bien será
desestimada por existir una disputa con Argentina, sienta un precedente
notable. Dentro de esa “gran estrategia” se cuentan otros territorios
de ultramar en la cuenca atlántica: el islote Hatton Rockall (Atlántico
Norte) cuyo subsuelo es rico en gas y petróleo, y es disputado con
Islandia y las Islas Faroe, y las islas Santa Helena y Ascensión
(Atlántico Central) que Brasil también reclama. Sobre todos estos
territorios Londres presentó la ampliación de la plataforma continental
en 2009.
A todas luces, los territorios de ultramar bajo control británico
adquieren una nueva dimensión y se transforman en potenciales
“almacenes” de recursos. El British Geological Observatory estima que
en la cuenca norte de Malvinas -una de las zonas donde opera Desire
Petroleum- podría existir un potencial de 100 mil millones de barriles
de crudo, sobre un total posible de 6 billones. No cuesta imaginar el
efecto si esa cantidad fuese efectiva y estuviera bajo dominio
argentina.
La política oficial y las preguntas incómodas La política del Poder
Ejecutivo sobre la disputa de soberanía estriba en las continúas
protestas ante el gobierno británico frente a cada avance ilegal y
unilateral, como también en los organismos y foros multilaterales (ONU,
OEA, UNASUR, Grupo de Río, MERCOSUR, etc.), intentando reconvocar a
Londres a la mesa de negociación sin ningún éxito. Por otro lado, se
han cosechado declaraciones de apoyo de casi todos los países de la
región y de los distintos bloques representativos en relación al
reclamo argentino y al reconocimiento de la existencia de la
controversia.
Durante la presidencia de Néstor Kirchner se dio por terminado el
“Acuerdo de Cooperación sobre Actividades Costa Afuera en el Atlántico
Sudoccidental” (marzo de 2007) debido a las grandes diferencias de
interpretación entre ambos estados. En estos días se emitió el Decreto
256/10 por el cual todo buque que quiera transitar entre puertos
argentinos y los territorios usurpados, o atravesar nuestras aguas en
dirección a estos últimos, deberá solicitar autorización.
Pero estas reacciones no pueden soslayar otras cuestiones incómodas:
¿porqué el gobierno eligió al Barclays Bank, accionista de Desire
Petroleum, para realizar el polémico canje de deuda?, ¿esa entidad
también hace negocios en el país con la minería como en el caso de
Minera Alumbrera, en Catamarca?, ¿hasta que punto el conglomerado
económico-financiero global vinculado a las petroleras en Malvinas
–caso de la estrecha relación entre Rockhopper Exploration y el HSBC
Bank- inciden y se ramifican en la actual economía nacional?, ¿se ataca
al colonialismo sobre unas islas lejanas y se lo recibe con un guiño de
ojo en el corazón del poder? Finalmente: ¿avanzaría el gobierno con
sanciones contra los que invierten en Argentina y que, al mismo tiempo,
ayudan a violar nuestra soberanía? Por ahora, más preguntas que
respuestas.
La necesidad de una política integral La disputa por soberanía en el
Atlántico Sur requiere una política integral y de Estado adecuada a una
estrategia para la recuperación de la soberanía. El elemento
diplomático es fundamental, pero no excluyente. En ese ámbito se debe
continuar con las protestas bilaterales ante cualquier acción que
avasalle nuestros derechos soberanos, también con la denuncia ante los
organismos y foros multilaterales de toda violación al orden jurídico
internacional. Es importante lograr apoyos y adhesiones de otros
estados, bloques regionales y organismos internacionales para que se
continúe reconociendo la existencia de la disputa. Al mismo tiempo, se
debe mantener el llamado a la mesa negociación, respaldado y solicitado
por la comunidad internacional y los aliados regionales.
En lo político-económico se debe sancionar a los capitales involucrados
y que al mismo tiempo puedan tener inversiones en el país. El
aislamiento económico de los isleños es una opción que debe ser tenida
en cuenta.
Una política integral debe generar consenso en la sociedad. Esta debe
conocer a fondo la “cuestión Malvinas” y adquirir conciencia sobre la
importancia de los recursos naturales, la existencia y vigencia de
nuestros derechos y la ilegalidad del accionar británico. A la campaña
de “desmalvinazción” que se produjo por años –y sobre todo en la década
pasada- se debe oponer una “re-malvinización” seria, responsable, sin
patrioterismo ni militarismo opuesto al espíritu democrático.
Finalmente, la cuestión de la defensa nacional se vuelve insoslayable y
crucial. No hay poder nacional ni protección de los intereses vitales
sin capacidades defensivas acordes a los desafíos del presente. Las
hipótesis de conflicto actuales y futuras estarán condicionadas por el
tema de los recursos naturales y una política de defensa responsable,
democrática y moderna lo deberá tener en cuenta.
La Argentina siempre tuvo una vocación pacífica en el concierto
internacional, pero ello no se debe confundir con la renuncia al
ejercicio de nuestros derechos, a la protección de nuestro patrimonio
–herencia para el futuro- ni al cumplimiento de nuestros objetivos e
intereses, que entroncan con una perspectiva emancipadora en la idea de
una Patria Grande libre de la usurpación neocolonial. Por eso, y
habiendo padecido durante años una política exterior entreguista y
contraria a los intereses nacionales, es hora de recuperar la
iniciativa para trazar una nueva política, que en palabras de Hipólito
Yrigoyen debería pasar de “pasiva y claudicante”, a “activa y altiva”.
Sebastián Zurutuza es analista internacional.
|
